POR Joaquín Morales Solá
Cerró las elecciones de la Capital de su memoria y de su historia. En su primera aparición pública después del fracaso electoral del cristinismo, la Presidenta prefirió regresar a la pelea con un viejo adversario: el Poder Judicial. Ni siquiera consideró necesario enmendar el papelón que cometieron sus seguidores cuando celebraron como una victoria monumental un supuesto segundo lugar en las elecciones.
Al final, resultaron terceros. Sólo tuvo ayer un gesto imperceptible: colocó a su lado al autor mediático del fracaso del domingo, Mariano Recalde, su ahijado político en la interna capitalina del kirchnerismo. La Presidenta es reiterativa a veces: para ella no existe lo que no se ve o de lo que no se habla.
Los jueces son mejores adversarios, sobre todo porque sólo pueden responderle muy de vez en cuando. Ayer mismo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió sobre un principio del tribunal que enfurece a la Presidenta: "No gobernamos, pero estamos para poner límites", dijo Lorenzetti. Cristina no acepta límites. Ese rechazo al principio de la división de poderes se convirtió ya en un problema institucional crucial de su gestión. De todos modos, Cristina reaccionó ayer con cierta decepción. No es cierto que todo el Poder Judicial se declaró independiente. Otros jueces le dieron importantes satisfacciones en los últimos días, aunque no en los casos que a ella más le preocupan.
"No tengo cuenta ni empresas en el exterior", disparó Cristina. ¿A quién o a quiénes se refería? ¿Acaso a los fondos buitre que denunciaron ante el juez de Nevada a funcionarios y empresarios argentinos, vinculados con el Gobierno, por el blanqueo de capitales? ¿O aludió a la investigación que realiza el juez Claudio Bonadio sobre el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia presidencial? Es posible que se haya referido más a Bonadio que al juez de Nevada.
Anteayer, la Cámara de Casación rechazó definitivamente la recusación de Bonadio que planteó la sobrina de Cristina, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y presidenta de la empresa que administra los hoteles, Hotesur. La Cámara de Casación demoró inexplicablemente una decisión sobre la recusación de Bonadio. El juez Gustavo Hornos, quien debía volcar la balanza del tribunal, les anticipó a importantes protagonistas políticos, a principios de la semana pasada, que su voto confirmaría a Bonadio. Es lo que hizo.
Fue la peor noticia posible para la Presidenta. Cristina no quiere saber nada con Bonadio. Intentó destituirlo. No pudo. Intentó apartarlo del caso. Tampoco pudo. Ahora sus abogados están maniobrando para llevarse la investigación de Hotesur a Comodoro Rivadavia, donde siempre habrá jueces más comprensivos con la familia Kirchner. Esa causa es la que motiva su preocupación y su insomnio. Allí están imputados ella y su familia. No se investiga ninguna razón de Estado. Es más simple: un juez revuelve papeles porque quiere saber qué hicieron los Kirchner para construir una fortuna inexplicable. Y, fundamentalmente, cómo lo hicieron.
No hay una sola Justicia. Bonadio se mueve a su ritmo, político e independiente del kirchnerismo. Otros jueces le hicieron hace poco a Cristina un favor inmenso. Ayudaron a sepultar, junto con su autor, la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman pocos días antes de morir extrañamente. Esos jueces fueron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que primero rechazaron la denuncia del fiscal muerto y luego demoraron pacientemente el traslado de la causa a la Cámara de Casación, hasta que estuvo de turno el fiscal de la oficialista Justicia Legítima Javier De Luca.
Se habló mucho de De Luca, que le cerró el paso a la investigación pedida por Nisman (y avalada por los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes). Pero De Luca fue, después de todo, coherente con lo que dijo desde el principio sobre Nisman. Se habló poco, en cambio, de Ballestero y Freiler, los verdaderos arquitectos de la operación que dejó la denuncia de Nisman en la nada.
