El fiscal general Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su casa de un tiro en la cabeza. Ese hecho ya debería generar nuestra conmoción. Pero la consternación se agiganta a poco de recordar que Nisman no sólo estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del peor atentado terrorista internacional padecido por nuestro país, sino que, unos días antes, había denunciado por encubrir ese ataque a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Quienes conocimos a Nisman no podemos dejar de reconocer su profesionalidad, su vehemencia, su pulcritud laboral y su celo funcional en cada actuación que llevaba adelante, en cada denuncia o presentación que formalizaba ante la Justicia o en estrados internacionales. También conocimos su compromiso con la conducción del equipo de trabajo destinado a buscar verdad y justicia por el atentado a la AMIA.
Desde que se conoció la noticia me negué a creer en un suicidio libre y voluntario de su parte. La celeridad con la cual algunos funcionarios del Gobierno, al igual que la prensa iraní, quieren instalar en el imaginario colectivo la certeza de un suicidio aumenta mis dudas y nos debe llevar, con prudencia y templanza, a exigir verdad y justicia.
Desde la denuncia por el posible delito de encubrimiento contra la Presidenta y otros funcionarios y allegados a su entorno, Nisman fue sistemáticamente denostado por los medios oficialistas y los voceros del Gobierno. Por lo tanto, es seguro que en la matriz de pensamiento y comportamiento de Nisman debía encajar como indispensable su concurrencia al Congreso para exponer los argumentos y las pruebas de su denuncia. Y en eso estaba trabajando hasta instantes previos a su muerte. Por eso parece insostenible un suicidio libre y voluntario.
La concurrencia al Congreso sería la mejor oportunidad para explicar los alcances de su denuncia y, a partir de allí, el mejor lugar para encontrar contención y protección. Porque hay que decirlo, el fiscal Nisman fue dejado solo, atacado y desacreditado por las voces del Gobierno.
La muerte de Nisman merece que todos nos convirtamos en fiscales y guardianes de la búsqueda de la verdad y de justicia, tanto sobre la denuncia que él radicó contra la Presidenta y otros funcionarios, como sobre la investigación que se circunscribe a las circunstancias que rodearon su muerte.
Los fiscales representan los intereses generales de la sociedad. Por ende que Alberto Nisman haya encontrado la muerte en este panorama obliga a que, cuando la Justicia se pronuncie sobre cómo, por qué y por quién encontró la muerte, nadie en la sociedad argentina dude de ello. De lo contrario, además de requerir que quienes tienen el honor de desempeñarse como magistrados del Ministerio Público sean personas probas, decentes, comprometidas con la democracia y la vigencia de la legalidad y los derechos humanos, deberemos añadir que tengan vocación de mártires.
La Presidenta le faltó no sólo el respeto a Nisman con su infantil carta publicada en una red social. Le faltó el respeto a la cita con la Historia. La muerte de Alberto salpica con sangre a la República, a la democracia y al propio Gobierno. La sociedad esperaba una estadista, libre de toda sospecha, que con templanza transmitiera serenidad y seguridad al conjunto de la población, garantizando todos los recursos del Estado para colaborar con la tarea independiente y eficaz de la Justicia.
La muerte del fiscal Nisman debe ser una bisagra en nuestra realidad. De lo contrario, como ya dijo Mariano Moreno en los albores del nacimiento de la Patria, será nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.
El autor es ex fiscal y abogado.
