Lo primero que hay que aclarar con respecto al tema cárceles es que la pena tiene dos funciones esenciales: una es enviar un mensaje que reivindica el interés de la sociedad en proteger el bien jurídico violado (la vida, la libertad, la propiedad, etc.) y la otra es la resocialización y el tratamiento de la persona condenada. Pero no puede plantearse un verdadero paradigma de resocialización cuando la persona privada de su libertad se encuentra en un entorno adverso, donde se evidencian maltratos y carencias de recursos y de oportunidades. El mensaje que lleva toda pena debe servir para que la persona condenada reflexione durante su encierro para advertir su error, de manera que cambie y se reinserte positivamente al salir en libertad. Sin embargo, en las actuales condiciones carcelarias, el perfil dado al Servicio Penitenciario como fuerza de seguridad conduce a que el objetivo de la cárcel, hoy por hoy, sea la simple custodia de las personas privadas de su libertad y no realmente su resocialización. Hoy, a la sociedad del condenado sólo le interesa que esté guardado en la cárcel, y al Gobierno lo único que le importa es que no haya motines ni muertos. Por eso creo que el tema cárceles es una deuda de la democracia, algo sobre lo que no queremos discutir pero sobre lo que, tarde o temprano, vamos a tener que hacerlo porque compromete la vida y la seguridad de todos.
