Argentina es un país de origen, transporte y destino pa la explotación sexual de mujeres.
Las víctimas son captadas en las provincias del norte y noreste del país, como Chaco y Misiones. La explotación ocurre con mayor frecuencia en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades importantes, en la región sur y en las ciudades costeras como Mar del Plata.
No hay estadísticas específicas sobre el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, pero los expertos sostienen que este país está entre los que han realizado un mayor avance en el combate al tráfico humano en la región.
El número de procesos judiciales, por ejemplo, subió de 78 en el 2010 a 195 en el 2011, con 39 sentencias condenatorias, según la Unidad de Asistencia en Secuestros y Tráfico de Personas (UFASE).
Por otra parte, el número de investigaciones casi se duplicó, pasando de cerca de 100 casos en 2010 a 196 en 2011.
El Ministerio de Seguridad Pública fue un factor determinante en este aumento porque comenzó a enviar los reportes telefónicos a la UFASE en el 2011.
De los procesos que involucraron la intervención de la UFASE, 68% de los sentenciados fueron hombres. Entre las víctimas, 41% fueron paraguayos, 29% argentinos y 16% bolivianos, así como proporciones menores de brasileños y dominicanos. De las víctimas de explotación, 26% fueron menores. De los que recibieron sentencias condenatorias, 71% fueron argentinos, 21% paraguayos y 3% bolivianos.
En 2011, el Senado argentino aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 23.364, también conocida como “Ley de Trata de Personas”, la cual había sido aprobada en el 2008 y que permitió al país adherirse al Protocolo de Palermo.
La enmienda legal eliminó el concepto de “consentimiento” en casos de explotación sexual que involucren adultos mayores de 18 años, la cual favorecía la impunidad de los transgresores. Esta propuesta aumenta también las penas a los criminales y la protección ofrecida a las víctimas, pero todavía requiere ser aprobada por la Cámara de Diputados.
El Senado también aprobó la creación de un registro nacional de datos genéticos relacionados con delitos sexuales. Este registro sería controlado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual también ha coordinado desde el 2011 la Oficina de Monitoreo de Publicación de Anuncios de Oferta de Comercio Sexual.
Este organismo es responsable de asegurar el cumplimiento del decreto PEN 936/2001, que prohíbe la publicación de anuncios de comercio sexual por cualquier medio de comunicación
Los corresponsales Mario Garita en Costa Rica, César Morales en Venezuela, Carlos Barahona en Colombia, Cristine Pires en Brasil y Eduardo Szklarz en Argentina contribuyeron para este reportaje.
