La hipótesis de una tregua entre Cristina Fernández y la Corte Suprema, después del fallo de Daniel Rafecas que desestimó la denuncia por encubrimiento terrorista del fiscal muerto, Alberto Nisman, parece haberse evaporado. Es cierto que siempre existen pliegues insondables entre los poderes de un sistema institucional. Pero el discurso de Ricardo Lorenzetti, al inaugurar el año judicial, habría enterrado aquella conjetura. El titular de la Corte Suprema respondió el desafío político que la Presidenta disparó el domingo, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. También replicó, de modo explícito, las acusaciones y las mentiras presidenciales derramadas sobre el máximo Tribunal por el atentado en la Embajada de Israel, en 1992.
Lorenzetti habría pretendido reponer con su discurso de ayer cierto equilibrio inestable en el Poder Judicial, producto del belicismo que, sobre todo desde el 2013, viene desarrollando el kirchnerismo en ese campo. ¿Cómo es eso? Los sectores judiciales que responden al Gobierno (Justicia Legítima) habían retrocedido después de tres reveses duros. La tragedia de Nisman, la multitudinaria Marcha del Silencio del 18 de febrero, que se encargaron de impugnar, y la imputación por presunto encubrimiento terrorista a Cristina y a Héctor Timerman hecha por el fiscal Gerardo Pollicita.
La recuperación sobrevino con el dictamen de Rafecas que tendió a ridiculizar a Nisman y a Pollicita, sin reparar en ninguna de las pruebas solicitadas. Casi en línea similar a la que traza el ex miembro K de la Corte, Raúl Zaffaroni. Que el fiscal muerto, a lo mejor alucinado, había escrito un texto carente de mínimo fundamento.
Otro apuntalamiento para Justicia Legítima fue el discurso de la Presidenta. Amén del latiguillo sobre el partido judicial, habló de los “jueces que se independizaron de la Constitución”. Metáfora sobre la teoría del “golpismo blando” o “el activismo judicial golpista” que blandió el kirchnerismo. En ese punto, los jueces y fiscales que tomaron parte de la marcha presumieron la llegada de una noche prematura. Dos de los que impulsaron la movilización sufrieron amenazas desde el último domingo. “No toleraremos ninguna acción que ponga en riesgo el Estado de Derecho”, advirtió el jefe de la Corte.
Dijo otro par de cosas que parecieron una daga clavada en el corazón del pensamiento kirchnerista. “El Poder Judicial deber poner límites”; “Hay un modelo institucional agotado que debería reemplazarse por otro más deliberativo”. Las antípodas del mensaje subyacente de Cristina en el Congreso.
Después de escuchar a Lorenzetti el fiscal Pollicita dejó de tener dudas. Apelará la desestimación de Rafecas. Es una cuestión de horas. El grueso de la Justicia también sintió alivio. Pero todos podrían equivocarse si suponen que la Presidenta optará por algún retroceso. La apelación de Pollicita obligará a la intervención de la Cámara Federal. Sala I o Sala II, se verá. En cualquier caso, entrará también en acción el fiscal general, Germán Moldes. Cristina lo marcó el domingo –con molde de escrache– por haber imputado al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y a la procuradora del Tesoro, Angélica Abbona. Ambos por distintos motivos. Parece difícil imaginar que Moldes no objete la desestimación de Rafecas. Luego resolvería alguna de aquellas Cámaras.
Pero el trámite no será fácil: el kirchnerismo, a instancias de Alejandra Gils Carbó, pretenderá recusar a Moldes. Apelaría al recurso del apoderado del PJ y diputado nacional, Jorge Landau. La participación en la Marcha del Silencio lo invalidaría para intervenir en la causa. Hay otra severa controversia en puerta entre el kirchnerismo y la Justicia.
La ofensiva se extendería a todos los convocantes de ese imponente homenaje a Nisman. Debería completarse con una maniobra que por el momento quedó detenida: la designación de los 16 fiscales urdida por Gils Carbó y frenada por medidas cautelares. El Gobierno va en la búsqueda de tumbar esas decisiones porque la otra estrategia cavilada no serviría: la de intentar que el nuevo Código Procesal Penal entre en vigencia antes de agosto. Hubo emisarios oficiales que se habían entusiasmado con la posibilidad de que aquellas cautelares fueran volteadas por la Corte Suprema. Si esa chance existió alguna vez, fue fulminada por dos episodios de los últimas horas. El desaire de Cristina a Lorenzetti y la respuesta del titular de la Corte delante de una jerarquizada presencia judicial.
Lorenzetti aprovechó uno de los tantos errores en que incurrió la Presidenta cuando, desde bancas de la oposición, fue interpelada con carteles sobre el atentado y la investigación por el atentado en la AMIA. Primero delineó la tesis de un autoatentado en la Embajada de Israel. Luego preguntó por qué razón la Corte nunca había avanzado con dicha investigación ni descubierto culpables. La ira la cegó. Lorenzetti recordó que hubo sentencia. Que determinó el hallazgo del grupo fundamentalista Hezbollah como responsable. Ese trámite, es verdad, resultó cuestionado. Pero el juez nacido en Rafaela fue contundente: recordó que la sentencia correspondió a 1999, cuando reinaba la Corte de mayoría automática menemista. Recalcó que se trata de cosa juzgada que el actual Tribunal no posee facultades para modificar. Suena increíble tamaño desconocimiento presidencial.
¿Desconocimiento o defensa, tal vez, desesperada? Podrían ser una combinación de todo. Cristina también quiso transformarse delante del plenario del Congreso en heroína de la investigación por la AMIA. Sostuvo que desde 1994 se había embarcado como legisladora en una lucha inquebrantable para llegar a la verdad. Y que en ese camino había pedido siempre la separación del juez interviniente, Juan José Galeano. En la Comisión Bicameral de seguimiento de los ataques a la Embajada y a la AMIA, que integró, decidió suscribir en 1997 un informe de reconocimiento a Galeano. Aconsejó incluso a la Corte Suprema que delegara en ese mismo magistrado –luego destituido por juicio político– la sustanciación de ambos ataques terroristas, por su evidente conexidad y causalidad.
Aquella desesperación obedecería siempre al mismo motivo. La Presidenta no sabe cómo justificar su viraje en la política exterior que concluyó con la firma del Memorádum de Entendimiento con Irán. Una determinación que tiene nexo con la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento terrorista. Y con su misteriosa muerte posterior.
En ese sendero ya no tendría retorno. De allí, la escalada de tensión en el vínculo con Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu afirmó desde Washington que el atentado a la Embajada fue detonado por Teherán. Tel Aviv responsabilizó a la Argentina por la falta de seguridad en esa sede diplomática.
La Presidenta avanza con un conflicto, quizás atizada por sus necesidades de política doméstica, sin calibrar sus consecuencias. Incrusta al país en un escenario internacional que no le pertenece y le calza demasiado holgado. Un juego similar se pagó extremadamente caro en los 90.
