Cuando el kirchnerismo se apresta a acelerar el debate en el Congreso delnuevo Código Civil, la diputada nacional de UNEN Elisa Carrió impugnó hoy el debate de la Comisión Bicameral, creada especialmente para tratar el proyecto por considerarla inconstitucional.
Para la actual legisladora, que renovó su banca en las últimas elecciones, la forma determinada por el Gobierno para tratar la reforma del texto "viola el Capitulo Quinto de la Constitución Nacional que establece el proceso de la formación y sanción de las leyes". Carrió exige que el proyecto cumpla el camino de toda norma, que debe ingresar por una de las dos Cámaras -denominada de origen- y luego pasar a la otra -conocida como revisora-, lo que implicaría que también sea debatido por comisiones particulares tanto en Diputado como en Senado.
La Comisión Bicameral que se reunirá hoy tiene a su cargo el análisis de los más de 2700 artículos que contiene el texto y decidirá si lo aprueba en diciembre o postergará su debate, una vez más, hasta el año próximo.
"Impugno la facultad de esta comisión de emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo por resultar inconstitucional, en tanto viola el debido proceso de la formación y sanción de las leyes al establecer en su artículo 2° que la Comisión Bicameral tendrá por objeto el análisis del Proyecto de Código Civil y Comercial (...), la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo", sostuvo Carrió a través de un comunicado.
El oficialismo desea que el nuevo código sea sancionado antes de fin de año; postura resistida por la oposición por entender que hay varios aspectos muy polémicos de la iniciativa que deberían modificarse. Si bien el kirchnerismo cuenta con mayoría en ambas cámaras para imponer su criterio, esta vez, y por tratarse de un tema tan vasto y complejo como el Código Civil, buscará el mayor consenso posible.
En lo político hay dos temas que generan gran controversia. Uno de es la responsabilidad que debería asumir el Estado ante un hecho que cause daños a un tercero. En el texto original de la propuesta, elaborado por una comisión que presidió el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se señalaba que estas causas deben zanjarse en el fuero civil. Sin embargo, el Gobierno pretende que se salden por vía administrativa (más contemplativa hacia el Estado) y modificó en el proyecto. La oposición rechaza esta postura.
Otra cuestión controvertida es la preeminencia que se pretende dar a los derechos colectivos por sobre los individuales en el nuevo Código. La oposición cree que los derechos individuales quedarían sujetos al arbitrio del Estado..
