Por ALDO NORBERTO BONAVERI
El país está viviendo días angustiantes, la situación es sumamente delicada, exigiendo una responsabilidad de los actores que hasta el momento ha escaseado. Lo ocurrido en Córdoba fue un verdadero caos; la ola de saqueos y robos organizados que azotó a la capital mediterránea a partir del acuartelamiento policial, resultó un verdadero detonante que sembró zozobra en varias provincias, dejando en evidencia diferentes realidades: irracionalidad en la forma de materializar la protesta, el nivel de vandalismo que anida en ciertos sectores de la sociedad, la vulnerabilidad que impera en gran parte del territorio nacional, condicionantes que actúan sobre los gobernadores e, irresponsabilidad del Gobierno central.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota no está exento de responsabilidades, en septiembre pasado el escándalo de los narco policías dejó maculas en su administración, debiendo alejarse de sus cargos a los entonces ministro de Seguridad Alejo Paredes, y jefe de Policía, comisario Ramón Frías. Por otra parte, en el manejo del reciente conflicto no condujo de la mejor manera la situación; todo lo que les negó producido el acuartelamiento, se los otorgó tras es desvalijamiento de más de 1.300 comercios y múltiples domicilios, de esta manera creó un precedente que se esparció en varios distritos.
Sin duda alguna, el Gobierno nacional comete el error mayúsculo al no enviar la gendarmería ni bien solicitada, de haber acudido en tiempo y forma al auxilio que le corresponde se habrían evitado la mayoría de los desmanes. Una vez más prevaleció la discriminación partidaria, con el agravante de las consecuencias conocidas.
Bastaron sólo 48 horas para que la policía de La Rioja emulara las reivindicaciones exigidas por su similar cordobesa, rápidamente se verificaron en la ciudad homónima robos y destrozos, determinando que el gobernador Beder Herrera concediera el aumento salarial de urgencia, sin por ello atender el reclamo de otros gremios estatales.
En Catamarca las fuerzas policiales “se pasaron de la raya”, allí se vivió la máxima osadía de los uniformados tomando la Casa de Gobierno e, impidiendo que la gobernadora Lucía Corpacci abandonara el primer piso, donde se encontraba negociando la mejora salarial con el jefe de la policía provincial. La tensión generada contempló enfrentamientos de esa fuerza con Gendarmería.
En San Juan a los primeros síntomas de malestar, exteriorizados a través de las redes sociales por policías y familiares, los comercios del centro cerraron sus puertas, por temor a que se produjeran latrocinios y destrozos. Cabe indicar que los comentarios generaron corridas en los negocios, supermercados, shoppings y cadenas de electrodomésticos, quienes no escatimaron en solicitarles a sus clientes que se retiraran para poder concretar el cierre.
En Neuquén la protesta tuvo matices peculiares, allí los reclamos fueron materializados por familiares de los agentes en servicios y policías retirados. En ese territorio no se produjeron desmanes y el gobierno provincial se mostró desde el principio más permeable para atender las mejoras requeridas. Río Negro y Chubut tampoco fueron ajenos a requerimientos y concesiones semejantes. El común denominador es que nunca como en esta instancia los gobernadores han sido tan diligentes para tratar una demanda salarial.
Por extensión territorial, demografía y desenvolvimiento económico no hay otra provincia más comparable a Córdoba que Santa Fe, por ende no era de sorprender que allí se replicaran los reclamos. El puntapié inicial en la materia lo dio un sindicato que nuclea a ex policías, convocando al auto-acuartelamiento para presionar por recomposición salarial. Lo que dio lugar a que el gobernador Antonio Bonfatti radicara una denuncia penal. Finalmente el amotinamiento de la fuerza no se produjo, pero también para ellos hubo aumentos salariales.
Daniel Scioli de un principio siguió con mucha atención y preocupación lo que ocurría en las demás provincias, especialmente los sucesos de la “Docta”; para el mandatario bonaerense sería literalmente imposible conceder una mejora real a la policía, de no mediar una asistencia del estado nacional.
Si bien en el primer estado argentino los reclamos están aún contenidos, es vox populi que los efectivos de La Bonaerense lejos están de prestar conformidad por los emolumentos que perciben, por el contrario, la situación se circunscribe en lo que da en llamarse “tensa calma”. Por el momento entre la Nación (Sergio Berni) y la Provincia (Alejandro Granados)acordaron la conformación de un Comando Conjunto de Operaciones, a los efectos de coordinar acciones entre la policía provincial y las fuerzas federales. Abocándose a monitorear cerca de 200 focos de piquetes y potenciales disturbios en territorio provincial.
El problema es más complejo y profundo de lo que aparenta, no sólo se trata de exigencias policiales que se suceden con efectos dominó, tal como están ocurriendo los hechos, la hipótesis de vinculación de ciertos funcionarios policiales con el narcotráfico no es desechable.
En los últimos días el Gobierno nacional está contemplando tales conjeturas; ello se compadece con disposiciones adoptadas por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reviendo la negativa de enviar gendarmes a Córdoba cuando más lo necesitaba, dispuso allí 2.000 efectivos y 2.500 a Santa Fe. También se enviaron gendarmes a Catamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y La Rioja, reforzando además la presencia de estos en ciudades de Buenos Aires.
Por el momento los conatos aparecen sofocados, no obstante la situación no permite relajarse: el poder de presión de los uniformados es preocupante, las recomposiciones salariales operadas en este sector potenciarán los reclamos de otros agentes provinciales, las exhaustas arcas de las provincias sentirán el impacto y, sus gobiernos se encontraran ante la encrucijada de cómo resolver las crecientes demandas de sus respectivas plantillas; el Gobierno central acostumbrado a manejar la caja a voluntad, tiene recursos acotados. Nación y provincias pergeñan más impuestos, empero los contribuyentes no resisten más presión fiscal.
Como podemos deducir…. Mucho más grave que un conflicto policial
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