Sesenta y cinco millones en dos meses– me dijo Federico Elaskar frente a la cámara de Periodismo para todos.
–¿Y cuantas empresas crearon?
–Unas cuarenta, cuarenta y cinco.
El aire se había vuelto de esponja y la escena estaba rodeada de personas en silencio: Nicolás Wiñzki,Ricardo Ravanelli –mi productor ejecutivo–, Patricio Carballes –mi abogado–, Carlo Torre –jefe de cámaras–, el Tano –camarografo– y, media hora mas tarde, Matías Molinari, hijo de otro de los personajes claves de está historia. Esa tarde en Puerto Madero, a metros los departamentos de Boudou y Cristina, y exactamente en frente a la financiera ilegal La Rosadita, yo pensaba que Lázaro y Nestor Kirchner eran socios, pero Nestor tenía la minoría.Con el tiempo puedo presumir que fue al revés. Lázaro era Néstor y era, también Cristina; los sesenta y cinco millones no eran parte de una excepción sino de un ducto: un ducto de dinero que Elaskar y Fariña, por problemas personales y dinero faltante, habían decidido exhibir.
Las cuarenta empresas al poco tiempo fueron descubiertas con diligencia por el fiscal Campagnoli, y eran muchas más. Antes de caer en la etapa de desgracia judicial que luego superó, el fiscal de Saavedra señaló 148 empresas manejadas por Aldyne, que supusimos con la periodista Mariel Fitzpatrick como empresa madre en las Islas Seychelles. El 21 y 22 de enero de 2013, la presidente viajó imprevistamente a Victoria, la capital de las islas, durante trece horas. Era un día lunes, y casualmente en esa jornada se registraron cambios en el directorio materno. El devenir de la historia conecta los puntos con la actuación mundial de los fondos buitres frente al default: decididos a recuperar su dinero, NML y otros se dedicaron a embargar bienes argentinos: la “ruta del dinero K” ya se publicaba en los diarios del mundo, y habían iniciado recorridos judiciales en Suiza,Uruguay, y lentos meandros en los tribunales de Argentina, a cargo del juez Sebastián “Tortuga” Casanello. Sucedió entonces que NML obtuvo una autorizacion judicial para llevar adelante un discovery previo a una acción judicial inciada contra 123 empresas en Nevada supuestamente vinculadas a Lázaro Baez, para determinar a quiénes pertenecen, cuáles son sus funcionarios, qué activos tienen y cómo fueron adquiridos. Las 123 empresas integraban las 148 señaladas por Campagnoli, y también la ruta terminaba en Seychelles. NML sostuvo ante el juez Ferembach que el objetivo de la ruta fue lavar 65 millones de dólares, los que Elaskar denunció y luego desmintió.
Cuando el juez de Nevada Cam Ferembach citó a Patricia Amunategui, del estudio “creador” de empresas en Panamá y Seychelles Mossak Fonseca, recibió un pedido de declarar en secreto y proteger los datos. NML lo avaló: ninguna extorsión pública le hubiera sido de utilidad. Fue entonces cuando decidimos presentarnos en la causa invocando el artículo 1.782 del US Code: si un particular en otro país puede ser objeto de una demanda judicial y le sería de utilidad para defenderse contar con información que obra en una causa judicial en los Estados Unidos, podrá contar con ella. Era nuestro caso: al poco tiempo de difundido el primer programa de la ruta del dinero K, Lázaro nos amenazó pública y privadamente con iniciarnos acciones judiciales. Para defendernos, necesitamos probar que esa ruta es la ruta del lavado.
Un correo privado que recibí ayer con la firma de nuestro abogado ante el tribunal de Nevada, Marc Randazza, resume el espíritu de esta pelea: “Ha sido una batalla peleada y estamos muy orgullosos de poder informarles que la moción del Sr. Lanata para intervenir ha sido garantizada”. Esta es una victoria para la Primera Enmienda y estamos muy orgullosos de ser parte de semejante caso”, dice Randazza antes de firmar.
“NML CAPITAL LTD, DEMANDANTE VS LA REPÚBLICA ARGENTINA,DEMANDADO
CASO NRO 2:14-cv-492-RFB-VCF”
De la corte distrital de Nevada.
El fallo cita en los antecedentes: “En el año 2001, la República Argentina sufrió una crisis de depresión y cesación de pagos soberanos (sovereign default).La mayoría de los bonistas argentinos reestructuraron sus inversiones voluntariamente, y sufrieron una perdida del 70%. Sin embargo, un bonista se negó: NML Capital. Al iniciarse 2003, NML inició once acciones de recaudación contra la Argentina en el Distrito Sur de Nueva York. NML argumentaba que su deuda –que suma 1.700 millones de dólares– debía pagarse por completo. La Corte aceptó. Hasta la fecha Argentina no ha cumplido con el fallo judicial de NML. Esto ha causado que NML haya viajado por todo el globo buscando propiedades pertenecientes a la Argentina que pueda embargar para ejecutar sus dictámenes. Esta búsqueda trajo a NML aquí a Nevada. Aquí, NML ha notificado un número de citaciones a empresas fantasmas de terceros. El propósito es localizar miles de millones de pesos argentinos que fueron presuntamente malversados desde el Estado y lavados por varios políticos y sus confidentes.”
“Además de haber atravesado la experiencia de una depresión y una crisis de cesación de pagos soberanos, la Argentina ha estado plagada de denuncias de corrupción política. El ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidente Cristina Fernandez de Kirchner, supuestamente le dieron proyectos controlados por el Estado a varios políticos cercanos. Los manejos de negocios de dos de los politicos cercanos a los Kirchner son relevantes aquí: Lázaro Baez y Cristóbal López. En agosto de 2014, NML demostró una sospecha razonable para creer que Báez lavó fondos malversados al Estado a través de Nevada”.
Páginas más adelante dice el escrito: “La solicitud de Jorge Lanata y el Center for Investigative Journalism in the Americas denominados colectivamente ‘Lanata’, presenta dos cuestiones: si según la regla 24 Lanata tiene derecho a intervenir para tener acceso a las actuaciones judiciales, y si según la regla 26 la Corte debe modificar sus órdenes de protección y permitir que sus actuaciones sean distribuidas al público. Lanata tiene derecho a intervenir: donde –como aquí– las actuaciones judiciales sean reservadas, se presume que cualquier ciudadano tiene derecho a intervenir, ya que toda orden de confidencialidad genera una controversia con el interés público en el libre acceso (ver Kamakama vs City & County of Honolulu) y Jeshup V Luther. Para refutar la fuerte presunción a favor del acceso, las partes deben ofrecer hechos expresables que demuestren que la intervención retrasará indebidamente o menoscabará la adjudicación de los derechos de las partes originales”.
“En este caso, NML y la señora Amunategui no logran refutar esta presunción. Ambos sostienen que la continuación de la reserva no le impide a Lanata continuar con su investigación sobre los negocios de Kirchner y Báez. Este argumento está fuera de lugar. A la Corte no le concierne si Lanata puede continuar con su investigación sobre los negocios entre los Kirchner y Báez. La cuestión es el derecho de los ciudadanos a ‘mantener un ojo atento sobre el funcionamiento de esta Corte’ (Nixon 435 US at 598). La Corte tampoco ha sido persuadida de que ‘no se puede confiar en que Lanata trate con criterio la información confidencial obtenida’. A la Corte le preocupa la privacidad de la señora Amunategui, pero imputar de mala fe y atacar la confiabilidad de Lanata sin embargo no va a asegurarle a la señora Amunategui la protección de su derecho a la privacidad. La corte por lo tanto le concede a Lanata la petición de tercería con autorización del tribunal. Y le permite a Lanata divulgar públicamente los expedientes. Para hacerlo, Lanata debe ‘brindar argumentos convincentes segun los cuales la informacion sellada debe ser divulgada.’”
En la conversación con los abogados de las partes, el juez Ferembach señaló que “cuando una parte busca una orden de protección y la otra parte no se opone, la Corte simplemente la garantiza. De todos modos, al presentar documentación bajo sello en la Corte, las partes se arriesgan a que el documento se vuelva parte de un registro público. Si bien las partes están representadas de manera adecuada, el pueblo casi nunca, lo está.” Como magistrado, dijo Ferembach que hace todo lo posible por representar al pueblo, porque la Corte le pertenece al pueblo. Hay un derecho de acceso para el público y los medios. Los registros de la Corte le pertenecen al público, y toda la información debe ser lo más pública posible. Cuentan quienes asistieron a la reunión que el juez citó a James Madison en los Escritos Federales: “Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario el control interno ni externo del gobierno”.
Esta decisión judicial mete una cuña entre dos extorsiones: la de los buitres por cobrar a lo que sea, y la del gobierno por defender bienes que se presumen fruto del lavado de dinero. El pueblo hora podrá saber de que se trata
