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EL TRIBUNO
Lo que otros no dicen por miedo o por dinero nosotros lo decimos
14 de Diciembre, 2014

LÁZARO BAEZ TAMBIÉN EN AUSTRIA

Autor: bgv065, 12:31, guardado en actualidad

No parece haber respiro para Cristina Fernández. El sosiego que le prometió Axel Kicillof con el control policial del dólar blue, la emisión de deuda –con pobre resultado– y otra mano de China para resguardar reservas del Banco Central, fue desbaratado por novedades impactantes. Una conocida: el juicio oral para Amado Boudou solicitado por el juez Claudio Bonadio, a raíz de la falsificación de documentación pública. Otra, al parecer, en curso: el pedido que Suiza hizo a Austria para verificar si en ese país existen ramificaciones de la ruta del dinero clandestino K, que tiene al empresario patagónico Lázaro Báez en el ojo de la tormenta.

Desde hace casi dos años Suiza está detrás de las huellas de Báez. No ha recibido, hasta ahora, ninguna colaboración del juez Sebastián Casanello, que también investiga aquí al empresario K por presunto lavado de dinero. ¿Por qué motivo el gobierno helvético recurriría ahora a Austria? Por información que habrían arrimado los fondos buitre. Esos acreedores empezarían a consolidar una impresión: que el Gobierno kirchnerista no se apresurará a reiniciar con ellos negociaciones en enero próximo, cuando vence la cláusula compensatoria de los bonistas que ingresaron en los canjes de la deuda. Está en el medio el controvertido fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que ordenó a la Argentina abonar a aquellos usureros US$ 1.330 millones. Los hombre-ave tendrían olfato fino: Cristina habría ordenado a Kicillof no hacer nada con ese conflicto por lo menos hasta marzo.

A caballo de esa impresión, los buitres estarían multiplicando el rastreo de fondos secretos kirchneristas por el mundo. Hasta ahora contaron para la pesquisa con la colaboración de una consultora británica. Se sumaron otras dos, de diferente nacionalidad. La brújula de los cazadores de dinero habría conducido hasta el corazón financiero de Viena.

En bancos de esa ciudad imperial podrían permanecer ocultos, según los reportes, alrededor de US$ 400 millones. O su equivalente en euros. Una cifra muy superior a la que detectó Suiza y que pertenecería a Báez y sus hijos. ¿También serían esos fondos aún desconocidos propiedad del empresario K? ¿O habría, quizás, nuevos y diversos titulares? Ninguno de los interrogantes podría tener una respuesta, por una razón sencilla: Austria no levantó todavía su secreto bancario pese a que adhirió a la determinación que, sobre el tema, adoptaron las naciones líderes de la Unión Europea. Por ahora, el gobierno austríaco liberó el intercambio de información fiscal. Pero durante el 2015 comenzará a correr el velo sobre cuentas bancarias de extranjeros no residentes. El proceso concluiría recién en el 2017.

La presión de los fondos buitre y el blanqueo, más tarde o más temprano, irremediable de las cuentas secretas habría activado algunas alarmas del kirchnerismo. Curioso: nunca figuró Austria, como tantos otros países de ese continente, en la atención de Néstor Kirchner y Cristina. El ex presidente estuvo de visita en mayo del 2006 para la Cumbre de la UE, América Latina y el Caribe. La actual mandataria pasó como senadora y candidata en septiembre del 2007, durante una gira que incluyó también a Alemania. Aunque, tal vez, mucho dinero K de la década ganada pudo sentirse atraído por las garantías y la discreción del sistema financiero vienés.

Los kirchneristas no serían los únicos alarmados del mundo. El final del secreto bancario en países con añeja tradición estaría provocando un flujo millonario de fondos hacia paraísos no convencionales, en general distantes de Occidente. Uno de los destinos dilectos sería el Territorio Federal de Labuán. Forma parte de Malasia, aunque no integra ninguno de los Estados que componen el país. Su condición de territorio común a toda la federación malaya, en pleno sudeste asiático, hizo de esas islas un sitio ideal para el funcionamiento de un centro offshore. Desde 1990 rige un estatuto jurídico-fiscal absolutamente protectivo. En Labuán estarían registradas en la actualidad más de 5 mil sociedades offshore de baja tributación, más de 200 bancos, aseguradoras y fondos de inversión. ¿Podrían derivarse también hacia esa zona los fondos K detectados en Austria? ¿Cómo lo harían sin ser sorprendidos por la voracidad de los buitres?

Ese problema en apariencia acuciante, pero geográficamente lejano, no figuraría en este momento entre las angustias de la Presidenta. Por mucho menos que aquellos millones escondidos en Austria, se está exponiendo a un jaque político a raíz del avance judicial sobre los desaguisados de Boudou. El vicepresidente está a tiro de un juicio oral por haber intentado en su divorcio retacear la división de bienes. Adulteró papeles sobre la fecha de compra de un automóvil en la década del 90. El juez Ariel Lijo, por su lado, recabó documentación en Economía por supuestas irregularidades administrativas de Boudou cuando ocupó ese ministerio. El mayor escándalo en el que aparece involucrado, el de la compra de la imprenta Ciccone, donde se fabricaron billetes moneda nacional, progresa paradójicamente a ritmo más cansino.

Las irregularidades administrativas suenan casi a anécdota comparadas con la cantidad de acusaciones que carga en su espalda el vicepresidente. Aunque añadidas al entuerto del auto, servirían para desnudar la calidad ética del hombre que Cristina ungió para compartir la cima del poder. La lupa de Lijo se detuvo en esa cuestión porque Boudou admitió haber incorporado viáticos de viajes al exterior a su propio patrimonio. Intentó de esa manera justificar bienes que serían, de verdad, injustificables. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito.

Algunas corroboraciones, del montón de pruebas que Gendamería se llevó de Economía, podrían causar asombro. La cuestión no sería sólo la presunta apropiación de viáticos. También la adulteración de muchas facturas sobre rendición de gastos. Habría al menos tres ejemplos: los alojamientos hoteleros en diferentes viajes efectuados a París, Londres y Nueva York. Aquellas facturas presentadas no serían originales. Habrían sido duplicadas. Falsificadas. Impresas quizás en algún taller clandestino. ¿Un sistema montado dentro del mismo ministerio? Es una hipótesis que barajaría la Justicia. Por un motivo: esa práctica se habría extendido –un tiempo prolongado– también durante la gestión de Hernán Lorenzino. El economista está ahora como embajador ante la Unión Europea y Luxemburgo, después de ser raleado por Kicillof de las negociaciones por la deuda externa.

El kirchnerismo que pretende algún horizonte político desespera por Boudou. El agravamiento de su situación judicial y la persistencia en el cargo conspirarían contra la posibilidad de los herederos de desarrollar una campaña en el 2015 con cierta normalidad. La lógica de Cristina transcurriría, sin embargo, por otro andarivel. Si nunca cedió desde el 2012 por Boudou, cuando se destapó lo de Ciccone, no lo haría ahora –anoche lo sentó a su lado en el acto por los 31 años de la democracia– cuando las aguas de la corrupción humedecen su propio poder y el de su núcleo familiar. Por el contrario, podría acentuar el atrincheramiento.

Las desventuras del presente, a su entender, provendrían sólo de la áspera disputa con el Poder Judicial. Como se preveía, en la investigación por Hotesur, la empresa que administra la cadena hotelera de su propiedad en El Calafate, mandó a recusar a Bonadio. También indaga de qué manera podría aletargar las causas de Boudou. Apuesta a que el juicio oral se demore. Y aguarda que la Sala I de la Cámara Federal desdiga a Lijo en el procesamiento al vicepresidente por “cohecho” y “negociaciones incompatibles” con su cargo en el caso Ciccone. Pero las brisas de un tiempo político nuevo estarían abrazando a casi toda la Justicia.

Los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero tienen en sus manos aquella decisión sobre Boudou. Existiría entre ellos un “estado deliberativo” porque dos de los magistrados no estarían dispuestos a favorecer al vicepresidente. Tampoco querrían un fallo dividido. “No sería momento de ir en contra de la corriente judicial”, apuntó uno de los magistrados. Detrás de esa confesión, a lo mejor, podría inferirse la suerte de Boudou.

Cristina se ocupa de no dejar huecos en el entramado judicial. Luego de cinco años de vacancia –desde la renuncia del diputado Manuel Garrido– designó por decreto al titular de la Fiscalia de Investigaciones Administrativas. Es Sergio Rodríguez, un kirchnerista que pasó por la ANSeS. De idéntica forma destinó una partida extra de $ 650 millones para la procuradora Alejandra Gils Carbó. Serían, básicamente, para la designación de los 17 nuevos fiscales que autorizó la sanción del Código Procesal Penal. Le duele mucho el grano que significa la Auditoría General de la Nación. De ese organismo salieron informes muy críticos contra la gestión kirchnerista. Uno de ellos, sobre el pésimo estado de los ferrocarriles, antecedió a la tragedia en Once, que dejó 51 muertos. El malestar presidencial se hizo patente con el destrato que dispensó en un acto público a Leandro Despouy. Pero ese sillón, por mandato constitucional, corresponde siempre a un miembro de la oposición.

Cristina se asoma al último año en el poder con una economía en franco declive. También con denuncias e investigaciones por corrupción que se reproducen en su Gobierno como metástasis. Se trata de la peor combinación para cualquier despedida.


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