El secretario de Seguridad Sergio Berni dirigió ayer un inédito operativo de desalojo de la Gendarmería, Prefectura y el Ejército para desocupar unos terrenos en Río Gallegos, que están destinados al plan Procrear y a la construcción de 250 viviendas por el municipio kirchnerista con fondos nacionales.
La participación del Ejército en un conflicto social no tiene precedentes desde el retorno de la democracia y podría violar la ley de Defensa Nacional (Ver aparte).
Desde seis camiones del Ejército, cuatro de Gendarmería nacional y vehículos de la Prefectura bajaron decenas efectivos uniformados pero sin armas para “persuadir” a los casi 500 usurpadores que se retiraran de los terrenos donde el gobierno de la Nación tiene previsto construir 250 viviendas, en medio de la campaña electoral.
Berni, que es teniente coronel médico pero no tiene jurisdicción sobre el Ejército, supervisó primero el operativo desde un helicóptero y luego sobre el terreno.
Los efectivos caminaron en columnas organizadas como “cercando a los usurpadores” A media tarde se habían retirado la mayoría de los usurpadores, aunque unos 150 -al cierre de esta edición- resistían el desalojo y enarbolaban banderas argentinas.
Los rebeldes estaban frente al barrio 2 de Abril, uno de los lugares donde el jueves a la noche la gente cortó con herramientas, la alambrada perimetral olímpica del predio de la Armada e ingresó con carpas, autos, maderas y sogas para demarcar los terrenos que pretendían.
El desalojo incrementó el enfrentamiento entre el gobernador Daniel Peralta enrolado en el peronismo disidente, y el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, que cuenta con el apoyo del kirchnerismo. Cantín responsabilizó a Peralta de la usurpación que fue, dijo, con fines “electoralistas”. “Si le tengo que poner un nombre a esto se denomina elecciones del 27 de octubre. Creo que el Gobierno provincial piensa que de esta manera va a captar votos. Están preocupadísimos porque evidentemente los números no le deben dar”, remarcó el Jefe Comunal.
Antes del desalojo, Cantín habían hecho denuncias judiciales. El jefe del Departamento Judiciales, Alexis Churin, explicó que se solicitó la intervención de la Justicia Federal porque las tierras pertenecen al estado nacional.
También se realizaron denuncias “para que pueda recurrir al lugar personal de las fuerzas de seguridad nacionales, e intente mantener la calma evitando hechos de violencia”, detalló. No a la policía provincial que maneja Peralta.
A las acciones judiciales se suma la presentación ante el Juzgado Civil “para peticionar el interdicto de recobrar el inmueble que comprende la Manzana 4331, parcelas 3, 4 y 5, del barrio Bicentenario”, explicó el jefe comunal.
Por su parte, Peralta sostuvo que las usurpaciones eran consecuencia de la “falta de planificación urbana del municipio” y calificó a Río Gallegos como “la capital nacional de las usurpaciones”. En toda la provincia se estima que hay unas 9 mil usurpaciones.
Pero las tierras de la Armada están en un lugar privilegiado, a unos 10 kilómetros del centro urbano.
