Sergio Massa demostró que carga con los genes del peronismo. Sólo en ese partido se sabe percibir con precisión el momento de la oportunidad. Sólo en el peronismo la picardía, rápida y eficaz, tiene más resultados que la duda, a veces necesaria. Su lucha contra la reforma del Código Penal lo reinstaló en el centro del escenario político cuando venía luchando, impotente por momentos, para diferenciarse del resto de los dirigentes políticos desde una banca en la Cámara de Diputados. La ambición de Cristina Kirchner por la historia lo ayudó a ese ex amigo que ahora detesta.
La Presidenta aspira a quedar como la autora de los nuevos códigos Civil y Penal. Un código napoleónico de cuño cristinista. Creó una comisión multipartidaria para que elaborara un borrador, pero ella se reservó la palabra final que iría al Congreso. Los que integraron esa comisión son personas con prestigio: el radical Ricardo Gil Lavedra, el peronista León Carlos Arslanian, el macrista Federico Pinedo, la socialista María Barbagelata y el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.
Es imposible desconfiar del compromiso de ellos con los derechos de las personas y con las penurias sociales. Ninguno desconoce los estragos de la inseguridad ni las garantías constitucionales que tienen los sospechosos de haber cometido un delito. Es la oportunidad lo que está en duda, no la capacidad de esas personas.
No estaba ahí ningún representante de Massa. Esa comisión se formó hace casi dos años, cuando el ex alcalde de Tigre no figuraba como el recio opositor de ahora. Quizá tampoco habría existido un representante suyo si entonces hubiera sido lo que es ahora. Cristina perdona de vez en cuando la disidencia, pero nunca la deserción. Massa se encontró de pronto en el lugar que quería y no podía: él, contra toda la dirigencia política. Tenía entre manos, además, un tema sobre el que la sociedad no admite los grises: la persecución de delitos como el narcotráfico, el robo o el crimen. No dudó. Levantó la bandera contra la reforma y obligó a la política a reacomodarse, incluso a sectores del propio oficialismo. Algunos diputados peronistas pueden jugar hasta con innecesarias e injustas expropiaciones, pero nunca desafiarán a la opinión pública.
Daniel Scioli tiene razón cuando dice que se está discutiendo sobre algo que no se conoce. En efecto, en su discurso ante el Congreso, Cristina Kirchner dijo que había recibido ese borrador, que lo estaban analizando en el Ministerio de Justicia y que lo enviaría al Congreso cuando ella terminara de hacerle los últimos retoques. ¿Qué significarán esos retoques? ¿La Presidenta suscribirá la eliminación de la reincidencia cuando ella misma criticó a los jueces que liberan a delincuentes reincidentes? ¿Dejará pasar la autorización del aborto sin denuncia penal, justo ella, que es antiabortista?
Scioli y Massa compiten palmo a palmo. Es una competencia política, pero también personal. "Scioli es el kirchnerismo", dice Massa. "Massa tiene una única experiencia: administró un country", replica Scioli aludiendo al municipio de Tigre. El gobernador venía contento por el error político de Massa de presentarse en sociedad con un aliado como el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, un político que cultivó lo peor de la derecha peronista. Pero lo más inexplicable de Othacehé es que nunca se preocupó por los medios, sino sólo por los fines. Un sector importante de la Iglesia Católica, por ejemplo, adjudicó a una operación suya la caída del ex obispo de Merlo Fernando Bargalló, por un pecado personal que nunca fue delito.
El propio Scioli entendió en el acto ahora que Massa había logrado enterrar el episodio de Othacehé con el Código Penal. Acostumbrado a no meterse en las diatribas de la política, el gobernador supo que esta vez debía poner el cuerpo entre tantos estruendos. "Se opone por las dudas", lanzó. ¿Es suficiente? Los radicales dejaban solo a Gil Lavedra. Mauricio Macri acariciaba a Pinedo mientras avisaba que no haría lo que Pinedo le aconsejaba. Elisa Carrió y Pino Solanas anunciaron, sin decirlo, que los compromisos de Binner no eran los suyos. Es probable que todos ellos hayan sido auténticos y que antes se hayan tomado un tiempo de reflexión. Massa no hizo eso; directamente saltó sobre la presa.
Uno de los trazos más polémicos de la reforma propuesta es la eliminación de la reincidencia como agravante de la pena. Una parte de los juristas sostiene que la reincidencia como carga es inconstitucional porque juzga dos veces un mismo delito. Varios tribunales del país han declarado inconstitucional la reincidencia como agravante. Pero existe también el sentido común: ¿es lo mismo una persona que cometió un delito por primera vez que la que entró y salió varias veces de la cárcel? ¿No tiene, acaso, más posibilidades de reinserción social el que delinquió una vez que el que hizo del delito una forma de vida? Debe subrayarse que Pinedo no suscribió la eliminación de la reincidencia como agravante, pero sí el resto de la comisión de juristas.
La reforma murió antes de nacer. La buena oportunidad de Massa fue la mala oportunidad de Cristina Kirchner. En medio del hartazgo social por la imparable inseguridad, el rechazo de la gente común aguardaba cualquier reforma que no contemplara métodos extremos e inaceptables de represión. Ésa es la puerta entreabierta que Massa descubrió y por donde se deslizó rápidamente. El resto de los partidos no pudo hacer otra cosa que seguirlo.
Esa reforma es inoportuna por otras razones, además. Un largo gobierno está llegando al final de su ciclo. La propia Presidenta lo acepta implícitamente en su discurso público. Carece ya de fuerza política para hacer muchas cosas, entre ellas, reformas significativas a la legislación penal. Los códigos, que regulan la vida cotidiana de los ciudadanos, se hacen para que duren muchas décadas. Por eso es necesario que los arrope el consenso. Pero Cristina Kirchner es la última presidenta de una experiencia de poder, el kirchnerismo, que descreyó sistemáticamente del consenso.
Massa propone ahora una consulta popular sobre la reforma del Código Penal. La idea es inconstitucional. La Constitución prohíbe las consultas populares para estos asuntos. Además, ¿qué consulta se haría? ¿Se pediría, por ejemplo, la opinión social sobre el artículo 190 del Código Penal? ¿Qué sabe la sociedad sobre la calidad técnica de un código, sobre el verdadero sentido de sus palabras? Es razonable que Massa se ilusione con otra elección popular, que él ganaría, sin duda, con números arrasadores. Pero también para los candidatos presidenciales, y sobre todo para ellos, existe un orden jurídico que debe ser respetado.
El Código Penal es, a todo esto, la última frontera de la defensa de la seguridad. Mucho antes de ese límite final está la responsabilidad del Gobierno en la preservación de la seguridad de la sociedad. Nadie ha hecho menos para combatir la inseguridad ciudadana que el gobierno kirchnerista de los últimos diez años. ¿Cómo fue posible que un jefe de sicarios colombianos, con varios procesos judiciales en su país, haya sido asesinado en las calles de Buenos Aires sin que ninguna autoridad federal haya detectado antes semejante anomalía? En Ezeiza se amontonan los argentinos que deben mostrar las cosas que compraron en el exterior, mientras delincuentes extranjeros entran al país por ese mismo aeropuerto sin rendir cuentas de nada.
Una parte de la actual Justicia se ocupa más de defender a los gobernantes y de perseguir a los opositores. Importa poco el Código Penal. Debió llegar un juez nuevo, Sebastián Casanello, para cambiar una absurda sentencia contra Macri firmada por el infaltable Norberto Oyarbide y por tres jueces de la Cámara Federal sospechados de amistad con el Gobierno. Los cambios de la política no se agotan en la política.
Macri estaba acusado de haberle puesto escuchas telefónicas a su cuñado, cosa que el propio padre del jefe porteño desmintió. Fue Franco Macri el que ordenó esas escuchas a su yerno. Cuatro jueces se habían escandalizado por esas supuestas escuchas a un cuñado en un país donde políticos, empresarios, jueces, ministros y periodistas tienen los teléfonos intervenidos por los servicios de inteligencia del Gobierno.
Ningún fiscal pidió investigar nunca esa perversión del espionaje oficial. Ningún juez se animó jamás a averiguar qué hacen la ex SIDE o los espías del general César Milani escuchando las conversaciones privadas de los argentinos. El Estado está haciendo otra cosa cuando suceden el delito y el crimen. Ésa es la razón de la insoportable inseguridad, y no los oscuros párrafos de un proyecto inoportuno..
