A 37 años del golpe de Estado De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas.
Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, han habido 91 sentencias. No obstante, resulta preocupante que de ellas únicamente 14 han alcanzado instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nuestros datos revelan que sólo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia. Nos interesa destacar que el ciclo de la justicia se cumple cuando las sentencias quedan firmes, es decir, cuando no hay posibilidad de revisar esa decisión.
Los datos ampliados se pueden consultar en el
Blog de Estadísticas del CELS, donde se encuentra el total de causas en trámite en todo el país y la situación procesal de los imputados.
Entre los hitos a destacar en 2013, se encuentra el inicio del juicio oral por Plan Cóndor, nombre con el que se conoce a la coordinación de acciones represivas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia durante las décadas de 1970 y 1980. Este juicio se inserta en el giro de los últimos años hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región en el pasado reciente, que constituye uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional del siglo XXI.
El CELS realizó un relevamiento de la situación del proceso de justicia en la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay que será publicado en su Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013. A continuación, suministramos un adelanto de esta publicación:
Las cuentas pendientes de América Latina
Por Lorena Balardini - Coordinadora del área de Investigación del CELS
El giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región en el pasado reciente constituye uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional del siglo XXI. Demuestra, además, que América Latina es un espacio actual de disputas, debates, avances y retrocesos en esta materia. En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un relevamiento del avance del proceso de justicia penal en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay que será publicado en el informe 2013 de la organización y que reconoce cinco problemas centrales: demoras y dificultades en la administración de justicia, problemas en torno a la toma de testimonios y el trato hacia los testigos, escaso porcentaje de sentenciados en relación a los imputados, renuencia de algunos tribunales a utilizar el derecho internacional de los derechos humanos y complejas discusiones dogmáticas en torno a la anulación de las amnistías.
