En esta oportunidad sí funcionaron las alarmas. Los arrestos de 16 policías que habrían participado o incitado los saqueos de diciembre último, el pase a disponibilidad de cuatro oficiales que habrían propiciado un nuevo acuartelamiento, el retiro de cinco comisarios y un nuevo foco de protestas de familiares de efectivos de las fuerzas policiales en incubación fueron parte del escenario que anticipaba un nuevo conflicto en la provincia de Córdoba.
Pero a diferencia de lo ocurrido en los primeros días de diciembre, cuando desde la administración nacional demoraron la asistencia y se produjo un duro cruce de acusaciones, el gobierno de José Manuel de la Sota y la Casa Rosada actuaron en forma conjunta de manera preventiva para evitar que las incipientes quejas se propagaran.
Alertado por el estado de situación, De la Sota se comunicó anteayer por la noche con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para solicitarle el envío de fuerzas de seguridad. "Pedí la Gendarmería cuando me informaron que algunos policías estaban agitando otro acuartelamiento", justificó el mandatario provincial.
Así, a instancias de la Presidenta, viajaron 1000 gendarmes como parte de un programa de seguridad preventiva. "El gobernador ha hecho un requerimiento formal y, en consecuencia, se estableció un mecanismo de prevención", dijo el jefe de los ministros en la conferencia de prensa matinal.
Aunque aún persiste la alerta, el ministro de Gobierno y Seguridad de esa provincia, Walter Saieg, dijo que no permitirá que se produzca "ningún hecho de alteración de paz social". El funcionario le apuntó así al grupo de esposas de policías que ayer se manifestaron frente a la Central de Policía por el supuesto incumplimiento del acuerdo de 14 puntos que se firmó hace 44 días.
De hecho, según pudo saber LA NACION, la policía cobró los dos primeros bonos prometidos -de 2000 pesos cada uno que recibieron en diciembre y enero- y hasta el momento no hay indicios que indiquen que la gobernación no cumplirá con el compromiso de elevar el básico a 8500 pesos en febrero. "Todo lo que firmamos lo vamos a cumplir; no entendemos por qué hubo un nuevo intento", dijo Saieg.
Con la investigación judicial en marcha y las pesquisas sobre la responsabilidad policial en los saqueos, que dejaron como saldo un muerto, más de 100 heridos y 1000 comercios destruidos, el episodio de ayer se interpretó en el gobierno provincial como un mensaje interno. "Había mucho malhumor entre los cabecillas por el avance de la investigación", confió a LA NACION uno de los investigadores.
El fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, anticipó hace unos días que podría avanzar contra efectivos policiales. Y anteayer, finalmente, ordenó la detención de 18 personas, entre ellos 16 policías, una ex agente y la esposa de un efectivo, por su participación en el autoacuartelamiento de diciembre. Esa decisión del fiscal del Distrito III, Turno 7 de la ciudad de Córdoba, habría sido el principal motivo del nuevo intento fallido.
Poco después de las 15 ayer, ya se habían concretado las detenciones; los policías fueron alojados en la cárcel de Bouwer y serán indagados desde el lunes, según dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
Garzón aseguró al diario La Voz del Interior que "se trata de los principales uniformados que desoyeron las órdenes de sus superiores y además instigaron al resto a insubordinarse y autoacuartelarse". Fueron imputados como presuntos autores de "desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos".
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó ayer a Córdoba y se reunió con De la Sota. Aseguró que "no va a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político" y que "las armas [de los policías] que les dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos". El mandatario garantizó el cumplimiento del acuerdo de diciembre y advirtió que "quien proteste de cualquier manera y abandone a la sociedad será echado de la fuerza". Berni anticipó que la Gendarmería permanecerá en la provincia "el tiempo que el gobernador y el ministro" dispongan.
Todo comenzó cuando las esposas de los oficiales volvieron a reunirse hace unos días, relató Saieg. Y ayer las mujeres decidieron retomar la protesta frente a la jefatura policial. Fue en ese lugar, y por orden del fiscal, que también detuvieron a Adriana Rearte, una de las líderes del grupo, por "entorpecimiento funcional". Garzón sostuvo que el 2 de diciembre, Rearte, junto con otras mujeres, "habría interceptado el ingreso y egreso de los móviles de la Guardia de Infantería".
Respecto de los cuatro uniformados pasados anteanoche a situación pasiva, el jefe de la policía local, Julio César Suárez, dijo estar "convencido" de que impulsaron un nuevo autoacuartelamiento. "Me comentaron que hay grupos minúsculos de policías que no tienen una vocación de servicio", advirtió Suárez.
En tanto, el gobierno provincial aclaró que el "retiro obligatorio" de cinco comisarios mayores de distintas departamentales no está relacionado con la huelga de los efectivos..
BERNI: "QUE NO SE REPITA LO DE DICIEMBRE"
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, viajó ayer por la tarde a Córdoba para interiorizarse de la situación y coordinar el trabajo entre la Gendarmería Nacional y la policía provincial."No queremos que se repita lo que hemos vivido en diciembre pasado. El gobernador [De la Sota] ha sido muy claro y estamos aquí para apoyarlo en estas transformaciones. Esperamos que se avance en la investigación para dar con los autores intelectuales; lo que pasó no ha sido más que una movida para extorsionar y llevar caos a la sociedad", dijo Berni apenas arribó a la ciudad de Córdoba.Acompañado por el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, el hombre fuerte de la seguridad nacional explicó que su se presencia en esa provincia se produjo como respuesta a un pedido realizado por el gobernador, quien le pidió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que trabajen en "conjunto" en la reestructuración iniciada dentro de la policía local. En ese sentido definió a esa tarea como "un esfuerzo para avanzar en una seguridad democrática con mayor participación ciudadana".Berni también se refirió a la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón. "A los que extorsionan al poder político no sólo los tenemos que exonerar, sino que hay que ponerlos en el banco de la Justicia", dijo.Del editor: qué significa.
El Gobierno aprendió la lección de diciembre. Lo que menos necesita ahora es un rebrote de las protestas policiales en el interior del país.
