El Tribunal Oral Federal 3 acusó al juez federal Daniel Rafecas de haber actuado con parcialidad en la investigación de los presuntos sobornos en el Senado y de violar la garantía de defensa de los acusados, por lo que lo denunció ante el Consejo de Magistratura de la Nación, para que se investigue su desempeño.
“La prueba producida en el debate y las constancias del proceso permitieron comprobar una sustancial violación a las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, al quedar demostrada la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del Dr. Daniel Rafecas, con la anuencia de los Dres. Delgado y Freiler, quienes estaban encargados de controlar la legalidad del proceso”, criticaron los camaristas.
La causa por los sobornos la tramitaron varios jueces, uno de ellos Rafecas, que la llevaba cuando en el expediente surgió la confesión de Mario Pontaquarto.
duros cargos
“Se limitó arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa de los imputados: impidiendo su intervención en el interrogatorio de testigos, denegando la prueba sustancial de descargo y omitiendo su convocatoria para participar en procedimientos irreproducibles”, dijeron los jueces.
Agregaron que durante la investigación “se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos, se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria, se manipuló la prueba para arribar a conclusiones preestablecidas, llegando, incluso, a la fantasiosa”.
Rafecas ya tiene una acusación grave en el Consejo por su actuación en la causa Ciccone -en la que el kirchnerismo pidió su juicio político-, por lo que la denuncia por el caso de las coimas podría complicar su situación.
Para los jueces, “se siguió a ultranza los dichos de Mario Luis Pontaquarto sin emplear el más mínimo sentido crítico, soslayando, incluso salvando, sus numerosas contradicciones”.
contra fiscales y abogados
Delgado y Freiler -hoy juez de la Cámara Federal- eran los fiscales del caso y sobre el primero de ellos el tribunal dijo que “sustituyó el examen riguroso de la prueba reunida en el proceso, por una profusión de citas literarias y sociológicas y un particular análisis político”.
“Constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta esta instancia”, criticó el tribunal, y también apuntó a la fiscal del juicio, Sabrina Namer, y a los abogados de la Oficina Anticorrupción, quienes pidieron penas de prisión para la mayoría de los acusados.
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