DyN) – La Cámara Federal revocó los sobreseimientos de las máximas autoridades del PAMI y ordenó profundizar la investigación sobre supuestas irregularidades en los manejos económicos de la obra social de los jubilados.
La Sala Primera de la Cámara dejó sin efecto los sobreseimientos a favor del director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Cesare, y su segundo, Mariano Cardelli, y le ordenó al juez de primera instancia, Sergio Torres, una serie de medidas para determinar si existieron contrataciones irregulares de unos 6.000 empleados, injustificables viajes al exterior y asignación de sueldos altos.
El fallo, firmado por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ordena profundizar también la investigación respecto de presuntas irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales, en el marco del programa “Hospitales del Bicentenario”, lanzado en 2008.
Los directivos del PAMI habían sido sobreseídos en primera instancia, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló la decisión.
La Cámara ordenó investigar la compra de un edificio en la Avenida Corrientes al 600, de esta Capital, en especial en lo que hace al “llamado a concurso privado cuestionado, las circunstancias que rodearon la invitación a cotizar, la presentación de las ofertas, la elección de los oferentes de las licitaciones públicas declaradas desiertas y del concurso privado investigado”.
Respecto de los “viajes al exterior”, el tribunal consideró que “resultaría oportuno contar con los correspondientes informes que señalen la pertinencia de los mismos y los parámetros utilizados para evaluar su autorización”.
También, reclamaron documentación adicional sobre los salarios percibidos por funcionarios y los subsidios otorgados a afiliados.
“Además, respecto de ‘la contratación en los últimos 5 años de 6.000 personas para trabajar en el PAMI’ resulta necesario contar con la información correspondiente a la nómina y jerarquía de las personas… la normativa relacionada con los nombramientos y/o contratación del personal y la determinación de los cargos vigentes según organigrama institucional, determinándose la procedencia de sus salarios y evaluar la relación de ingreso de personal considerando un período anterior a esa fecha”, añade la resolución.
“Concordamos con el representante del Ministerio Público Fiscal en que los sucesos denunciados ameritan un tratamiento más profundo que permita descartar de forma contundente la hipótesis analizada en autos”, resumieron los camaristas.
