La investigación judicial por el esclarecimiento de la voladura de la AMIA, ocurrida en aquel fatídico 18 de julio de 1994, está a punto de dar un giro de consecuencias imprevisibles. La denuncia que hizo el fiscal especial de la causa, Alberto Nisman, le adjudica a la presidenta Cristina Kirchner la responsabilidad principal de una enhebrar una operación política, diplomática y judicial destinada a desligar a los ex funcionarios iraníes acusados por su participación en el atentado.
La novedad que contiene la impactante denuncia de Nisman es el aporte de testimonios y grabaciones proporcionados por jefes de la Secretaría de Inteligencia, que tuvieron un rol central en la negociación del polémico Memorandum con Irán y que terminaron desplazados por la propia jefa de Estado cuando descabezó a su conducción, a mediados de diciembre pasado.
La denuncia agita todavía más la batalla que libra el Gobierno por preservar espacios de poder en la Justicia y debilita aún más la posición del canciller Héctor Timerman.
La Presidenta debe decidir si tabica la denuncia de Nisman y asume una vez más la defensa de la relación amigable con Irán, o si se expone a nuevos golpes de un aparato de inteligencia que ya no solo no la protege, sino que trabaja para sus acusado
