En su presentación de hoy ante la corte del juez Thomas Griesa, los abogados del Gobierno rechazaron el pedido de los fondos buitre para que se declare a Argentina en desacato. Estos son los cuatro puntos principales del documento (pdf):
1. El Derecho y la práctica legal internacional prohíben la imposición de multas a Estados soberanos bajo la figura del desacato
Además de las legislaciones de Canadá, Reino Unido, Israel y Australia, que lo prohibieron específicamente, los abogados del Gobierno citan la Carta de las Naciones Unidas, que habla de la “igualdad soberana de todos sus Miembros”; y la Carta de la OEA, que lo define de manera más específica: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”.
2. La legislación estadounidense prohíbe específicamente la declaración de desacato contra Estados extranjeros
Salvo renuncias expresas de los países, la propiedad de un Estado extranjero es “inmune de embargo, secuestro y ejecucción”, según la ley estadounidense de “Inmunidades Soberanas Extranjeras” (FSIA). En el escrito de lso abogados, “si no es posible afectar las propiedades soberanas, una orden de sanciones pecuniarias es imposible de cumplir”.
3. Aunque fuera posible imponer sanciones a otros países, Argentina no incurrió en desacato
Gran parte de la argumentación de los fondos buitre para pedir el desacato descansa en las declaraciones de los funcionarios del Gobierno o en la ley del nuevo canje aprobada por el Congreso. De acuerdo con los hombres de Clearly Gottlieb Steen & Hamilton, todas ellas fueron acciones soberanas que quedan fuera del poder de cualquier corte. “Un tribunal de Estados Unidos no puede prohibir que un Estado extranjero debata y apruebe normativa”.
4. La razón por la que los holdouts piden la declaración de desacato no justifica un desacato
El objetivo principal de la figura del desacato es que el condenado cumpla la condena que le ha sido impuesta y que está evadiendo. La condena es imposible de cumplir, escriben los abogados, porque la deuda en default que podría pedir un tratamiento similar de la clausula Pari Passu asciende a unos 20 mil millones de dólares y porque la clausula RUFO activaría el pago de muchos otros miles de millones de dólares por deuda canjeada en 2005 y en 2010. Como los propios fondos son conscientes de la imposibilidad de cumplir con la totalidad del pago, los abogados entienden que el objetivo que persiguen los buitres con una declaración de desacato no es que se cumpla el fallo sino obtener otra herramienta para desprestigiar a Argentina.
