Si algo pueden tener en común Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin es que difícilmente coincidan con Thomas Jefferson, célebre presidente estadounidense que 200 años atrás expresó: "Entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo".
Un día después de que, desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el Gobierno lanzó un nuevo ataque al Grupo Clarín, la primera mandataria argentina, durante una teleconferencia con el primer ministro de Rusia, volvió a subrayar que no necesita intermediarios, como la prensa, para comunicarse con el pueblo.
La Presidenta y Putin, en cierto modo, coincidieron en que se puede asociar al periodismo independiente y no afín al pensamiento oficial con una especie de gran poder en las sombras que "manipula la conciencia social" -según insinuó el líder ruso- o que puede tener comportamientos "destituyentes", de acuerdo con la visión del gobierno argentino. De ahí que ambos mandatarios hayan firmado un convenio para que la televisión estatal rusa llegue a los argentinos y para que la televisión pública argentina pueda ser seguida en Rusia.
Es probable que los rusos que sintonicen la televisión pública argentina se convenzan de que la inseguridad no existe en la Argentina, de que la inflación es apenas el resultado de las picardías de algunos empresarios inescrupulosos o de que los niveles de pobreza en nuestro país son inferiores a los de Suiza o los Estados Unidos, en función de los números del Indec. En este caso, la población rusa que pueda interesarse en la Argentina padecerá lo mismo que Putin dijo temer: los intentos por establecer el "monopolio de la verdad".
El recientemente fallecido filósofo político Ernesto Laclau, referente ideológico de cabecera de Cristina Kirchner, admitió alguna vez que el principal adversario del Gobierno estaba representado por los medios de comunicación. Y, en efecto, los Kirchner siempre exhibieron una natural disputa entre la política y los medios por la fijación de la agenda de la opinión pública, preocupación que conduce a una deformación: pensar que el poder político debe ocupar un lugar habitualmente reservado a la prensa.
El nuevo episodio de la pugna entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín pone de manifiesto que el gobierno nacional trata de seguir dominando la agenda y que el mejor modo de evitar que se continúe hablando de la inflación, de la suba del dólar o de las suspensiones y despidos en el sector industrial es golpeando fuerte. De ahí que el Poder Ejecutivo haya instalado con cierto éxito y con la velocidad de un rayo la inesperada cuestión del nuevo Código Civil y Comercial y, en las últimas horas, la reedición del operativo para desguazar al citado grupo mediático.
A menos que la Justicia se interponga en el camino diseñado por Martín Sabbatella, será el Estado y no Clarín el que elija y les ponga precio a los medios de los cuales este grupo deberá desprenderse. Un dato adicional que debería inquietar pasa por un planteo que no hace mucho hizo el presidente de la Afsca, en el sentido de que, si no se presentan oferentes para comprar algunas de las licencias que excedan el tope establecido por la ley de medios, éstas podrían ser concedidas a nuevos dueños mediante una adjudicación directa del Estado.
En la lógica del gobierno de Cristina Kirchner, el conflicto es fuente de poder. Las situaciones conflictivas, reales o artificialmente creadas, le permiten justificar crecientes dosis de intervencionismo y autoritarismo. También, alimentar la mística de la militancia cristinista, como cuando vuelve a poner sobre el tapete la ley de medios, aun cuando gran parte de sus disposiciones sean hoy letra muerta y resulte evidente que, lejos de la pluralidad de voces, no tiene para el Gobierno otro propósito que consolidar su propio proyecto de poder..
