Los medios de comunicación de Argentina se han dividido a la hora de analizar el fallo de la Corte Suprema (máximo tribunal del país) a favor de la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, que obliga al mayor conglomerado argentino, Clarín, y a otros 20 grupos a desinvertir en diversas empresas. La norma había sido impulsada por los Kirchner en 2009, con el apoyo de la oposición de centroizquierda y de organizaciones sociales. Clarín, propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y otros accionistas, fue el único grupo que recurrió contra la norma y este martes difundió un comunicado en el que señala que “respeta las decisiones" de la Corte Suprema, pero “analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
“Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias (de emisoras de radio y televisión y operadores de televisión de pago) vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte”, se refirió Clarín a la minoría de magistrados que se opuso a la constitucionalidad del artículo de la norma que obligaba a la desinversión inmediata, disposición que fue ratificada por otros cuatro integrantes del tribunal. “Al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión”, opinó Clarín, que desde 2008 viró de su apoyo al kirchnerismo a convertirse en su opositor acérrimo tras el enfado de los Kirchner por el respaldo del grupo al poderoso colectivo agrícola en un duro conflicto por aumentos de impuestos a la agricultura.
El Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística
“La prueba más concreta de la verdadera intención del Gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción”, prosiguió Clarín. “Hoy más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo (al Gobierno). La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos. El Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia”, concluyó este poderoso conglomerado que a lo largo de su historia se ha amigado y peleado con diversos gobiernos democráticos y regímenes militares.
El periódico La Nación, crítico del kirchnerismo desde la primera hora de sus gobiernos en 2003, destacaba este martes en su portada digital que “la Corte Suprema dedicó duros párrafos” de su sentencia “sobre la publicidad oficial y los medios públicos”. Si bien el tribunal dio una alegría al Gobierno de Fernández, de excedencia médica hasta el 8 de noviembre, también aprovechó para, en un intento de mostrarse salomónico, advertir que “deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial” y “que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes”.
La Nación también destacaba que dos días después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas en los cinco principales distritos de Argentina, sus militantes festejaron este martes el fallo de la ley de medios con una manifestación en la Plaza del Congreso. Además comentó las declaraciones de algunos políticos opositores. Una diputada progresista, Victoria Donda, celebró la sentencia, pero también reclamó un justo reparto de la propaganda estatal entre los medios. En cambio, su aliada y colega Elisa Carrió, de la centrista Coalición Cívica, pidió juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Otro diputado de la misma coalición, Ricardo Alfonsín, de la centrista Unión Cívica Radical (UCR), dijo que ahora había que “acatar” la sentencia, pero también hizo hincapié en lo referido al uso de los medios públicos como instrumentos de propaganda gubernamental.
Analistas consideran que ahora vendrá la batalla judicial sobre cómo el Ejecutivo debe ejecutar el fallo
El periódico Página/12, de posiciones favorables al kirchnerismo, destacó las palabras de su principal columnista, Horacio Verbitsky: “Clarín va a resistir todo lo que pueda, va a seguir oponiéndose”. Analistas consideran que ahora vendrá la batalla judicial sobre cómo el Ejecutivo debe ejecutar el fallo, sobre todo en cuanto a los tiempos de la desinversión y a la indemnización que el máximo tribunal dispuso deberá pagar el Estado a los grupos que se desprendan de medios. Este asunto del resarcimiento supuso una novedad en la disputa por la ley de medios e intenta compensar a Clarín y demás grupos afectados. Verbitsky celebró que la Corte Suprema haya declarado que “no hay ningún interés particular que pueda estar por encima del interés social y que las leyes que se sancionan en el Congreso hay que aplicarlas”. También opinó que el dictamen judicial representa “una batalla democrática ganada porque nunca antes hubo una resistencia tan explícita de un poder económico corporativo contra una ley sancionada en plena democracia”. Precisamente, este miércoles se cumplen 30 años de las elecciones presidenciales de 1983 que marcaron el regreso de la democracia a Argentina después de la última sangrienta dictadura militar (1976-1983).
El portal del periódico Tiempo Argentino, Infonews, también cercano al Gobierno de Fernández, destacó los festejos en la Plaza del Congreso por el fallo y el desplome de la acción de Clarín en las bolsas este mismo martes. También señaló que la diputada Carrió coincidió con el alcalde porteño, el conservador Mauricio Macri, en “defender a Clarín”.
“Clarín debe desinvertir ya”, tituló casi como festejando el diario Ámbito Financiero, que fue fundado por un fallecido periodista, Julio Ramos, que en los 80 y 90 se opuso casi en solitario a Clarín por lo que él consideraba el presunto monopolio que el grupo ejercía sobre la fabricación y distribución del papel para la prensa. “Julio Ramos, el incansable luchador contra los monopolios de prensa”, destacó Ámbito Financiero, cuyo fundador defendía al neoliberalismo, pero que ahora es un diario acusado de mantener sus posiciones a veces condescendientes con el kirchnerismo. El periódico también recordó que la acción de Clarín cayó el martes un 21% en Londres y venía descendiendo el 6% en Buenos Aires hasta que las autoridades de la bolsa porteña suspendieron la cotización hasta que la empresa comunicara a los accionistas sobre la nueva información relevante.
El Cronista Comercial, periódico propiedad del diputado peronista antikirchnerista Francisco de Narváez, señaló que “Clarín podrá pedir una indemnización". Además, analizaba que la “batalla” irá “más allá de la Corte”, en referencia a la continuidad de la polémica no solo en tribunales internacionales sino en los locales a los que apelará seguramente Clarín contra el modo en que ejecutará el Gobierno esta sentencia del Supremo.
