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EL TRIBUNO
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08 de Noviembre, 2013

EXPORTADORES ARGENTINOS CONTRAATACAN

Autor: bgv065, 11:29, guardado en actualidad

Con una nueva solicitud de suspender la prohibición de trasbordos de cargas argentinas en puertos uruguayos y con el pedido de abrir un espacio de análisis público-privado sobre el asunto, los exportadores de Argentina volvieron a la carga ayer para presionar al gobierno de su país para que deje sin efecto una polémica medida que significará una grave pérdida para la actividad a la terminal de Montevideo. 

En un comunicado que dirige al ministro de Interior y Transporte argentino, Florencio Randazzo, la Cámara de Exportadores argentina (CERA) insiste que la decisión de la administración de Cristina Fernández se llevó adelante de “un día para el otro” y que “afecta severamente los contratos de exportación en curso”. También afirma que “se agravará la saturación de diversos puertos, como los de Santa Fe-Rosario y los del área metropolitana de Buenos Aires, generando costos adicionales al comercio exterior”. La semana pasada la CERA había emitido un primer comunicado al respecto en que pedía la “urgente suspensión” de la medida –que debería regir desde mañana–, por considerar que se había tomado de manera “intempestiva”. 

El martes 29 el gobierno argentino emitió una resolución por la que la mercadería de exportación solo será trasbordada en puertos de Argentina o en países miembros del Mercosur con los cuales tengo un acuerdo de transporte marítimo, algo que no tiene con Uruguay pero sí con Brasil. La imposibilidad de que los buques no trasborden en Montevideo, hará que la terminal pierda el 26% de su movimiento, se quede sin 150 escalas de barcos portacontenedores y deje de generar US$ 80 millones al año en ingresos. 

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) espera reunirse hoy con Cancillería –que no ha emitido palabra al respecto– para continuar con el análisis. Ayer el presidente de la ANP, Alberto Díaz, su vicepresidente, Juan José Domínguez, y la secretaria general, Liliana Peirano, se encontraban en Cuba, Bolivia y Puerto Rico, respectivamente, según fuentes marítimas.

Rechazo generalizado 

Así como se quejan los exportadores argentinos, también pusieron el grito en el cielo operadores del puerto de Rosario, desde donde suelen salir buques con escala en Montevideo. Aseguran que la medida kirchnerista complica las exportaciones y frena los contenedores con importaciones que arriban para descargar mercaderías en la terminal rosarina. 

“Si bien en la disposición que apareció en el Boletín Oficial solo se habla de exportaciones, también se afectan las importaciones porque las navieras que traen contenedores desde Uruguay, un negocio importante para el puerto, no van a venir para descargar y llevárselos vacíos. Así que o bien dejan de venir o cobran el doble”, dijo al sitio argentino Puntobiz, Jorge Hollidge, de la empresa MSL. Por su parte, el gerente general de Terminal Puerto Rosario (TPR), Diego Fernández Querejazu, señaló que alrededor de 40% de las cargas que pasan por el puerto de Rosario se verán afectadas.

El portal añade que la medida ha causado sorpresa entre los empresarios del sector, porque además obliga a replantear los esquemas logísticos de todos los involucrados en la terminal portuaria. 

“Serios inconvenientes”

El comunicado de la CERA recuerda que el Proyecto Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo Mercosur (PAMTMM), que alentó Argentina en 2005 y por el cual sustenta su posición, no fue aprobado por Uruguay porque “presentaba serios inconvenientes”, porque es “violatorio del Protocolo de Servicios Mercousr sobre transporte marítimo”, no está “basado en un estudio detallado que lo fundamentara” y nada indica que sea “el mecanismo apropiado para lograr los objetivos propuestos”. 

Los exportadores también señalan que la disposición argentina va en contra de establecer corredores logísticos seguros en el bloque, “que son clave para el desarrollo económico”, donde es conveniente “fomentar la competencia en los servicios de transporte para reducir costos”. 

La medida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha interpretado como una represalia a la decisión de Uruguay de incrementar la producción de la planta de celulosa UPM. Argentina ha afirmado que no se movió por este motivo sino que atendió una demanda en defensa de la producción nacional.

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