La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, observa estos días cómo a medida que se acerca el fin de su tercer y último mandato ante las presidenciales de octubre, la Justicia estrecha el cerco sobre ella y su Gobierno. Por un lado, los tres magistrados que integran la sala I de la Cámara Federal ratificaron este jueves la sentencia promulgada en junio por el juez Ariel Lijo contra el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou. Confirmaron así el procesamiento de Boudou “como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo”. Boudou es el primer vicepresidente argentino procesado durante el desempeño de su cargo en dos siglos de historia del país. Pero la presidenta decidió mantenerlo en su puesto desde que hace tres años estalló el escándalo por el que ha ido acumulando sentencias en contra.
Amado Boudou, que ejerce también de presidente del Senado, puede recurrir ante dos instancias superiores y eludir así sentarse en el banquillo de los acusados durante el desempeño de su cargo. No obstante, el fallo de la Cámara Federal compromete aún más la posición de Cristina Fernández y debilita la carrera política de un hombre que vio cómo el abogado que lo representaba, Diego Pirota, presentaba su renuncia la semana pasada “para encarar desafíos profesionales distintos”.
Pero no terminan ahí las malas noticias para la presidenta. El juez Claudio Bonadio, que investiga supuestas operaciones de lavado de dinero en el hotel patagónico Hotesur, propiedad de la presidenta y de sus dos hijos, Máximo y Florencia, fue ratificado el jueves en su puesto. La sala I del Tribunal de Apelaciones de la Cámara Federal rechazó la recusación que había planteado contra el juez Romina Bonadio, sobrina de la presidenta e imputada en el caso.
Ambos pronunciamientos llegan después de que unas 400.000 personas respaldaran el miércoles en Buenos Aires la marcha silenciosa que convocaron cinco fiscales como homenaje a Alberto Nisman, el fiscal que falleció cuatro días después de denunciar a la presidenta por encubrimiento de terroristas. Mientras tanto, el juez Daniel Rafecas decidirá estos días si admite la denuncia contra la presidenta por encubrimiento de terroristas que presentó Alberto Nisman el 14 de enero y hace una semana impulsó el fiscal Gerardo Pollicita.
La situación para el Gobierno no tiene nada que ver con la que disfrutaba hace tres años, cuando sobrevinieron las primeras acusaciones contra Boudou. El 6 de febrero de 2012 el periodista del Grupo Clarín Jorge Lanata emitió una entrevista en la que Laura Muñoz, exesposa del empresario Alejandro Vandenbroele, aseguraba que su marido era testaferro, hombre de paja, de Amado Boudou. Ése fue el inicio de lo que entonces se conocería como el caso Ciccone.
Laura Muñoz afirmaba que la conexión entre ellos venía a través de un íntimo amigo de Boudou llamado José María Núñez Carmona. El dato era importante porque Vanderbroele estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de la empresa Ciccone, encargada de la impresión de los billetes de 100 pesos. Si la denuncia de Laura Muñoz resultaba cierta, se probaría que en realidad el propietario de Ciccone era Amado Boudou.
A partir de aquel programa, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo comenzaron a investigar a Boudou. El Gobierno de Cristina Fernández se encontraba en su máximo apogeo. Fernández acababa de ganar unas presidenciales con un 54% de los votos, a una distancia abismal del segundo candidato que se quedó con un 16%. Los rumores sobre si Fernández terminaría soltándole la mano a Boudou resultaron falsos. Y dos meses después de la denuncia, el 5 de abril de 2012, Boudou pronunciaba en el Congreso una conferencia de prensa de 40 minutos, sin derecho a preguntas. Se presentó confiado, relajado y sonriente. Cargó contra el fiscal general, Esteban Righi, contra el fiscal Rívolo y contra el juez Rafecas. Se declaró víctima de una operación mafiosa orquestada por el grupo Clarín. Días después de aquella comparecencia, Righi presentó su dimisión y Rívolo y Rafecas fueron apartados inmediatamente del caso por la Cámara Federal. Eran otros tiempos. Ahora, Rafecas será quien decida si acepta la denuncia de Nisman y Gerardo Pollicita contra Cristina Fernández por encubrimiento de terroristas.
Mientras tanto, el jueves la Cámara Federal ratificó el falló en el que Ariel Lijo señaló que Boudou aprovechó su condición de ministro de Economía entre 2009 y 2011 para que la imprenta Ciccone recibiera beneficios fiscales. Y, a cambio, el entonces ministro se quedaría con el 70% de la empresa. ¿A través de quién? De un persona interpuesta, el empresario Alejandro Vandenbroele. Boudou siempre negó conocer a Vandenbroele. Pero los jueces no creen necesario ese conocimiento directo para que el empresario actuara como testaferro del vicepresidente. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios, según señala el tribunal
El tribunal explica de forma muy detallada el entramado en el que Boudou fue una pare decisiva. Para que la imprenta Ciccone pudiera contar con un certificado fiscal que le permitiese operar con el Estado “y convertirse, sin obstáculo alguno, en la próxima proveedora de billetes”, era necesario saldar el dinero que adeudaba al organismo recaudador de impuestos, la AFIP. Y para eso, debía “perfeccionarse un plan de pagos para salir de la quiebra”. (…) “Este es el recordado plan de pagos en el cual Amado Boudou tomó intervención y que el magistrado tildó de ilegal”, aclara el fallo.
Ahora, el caso Ciccone y el caso Hotesur avanzan de forma inexorable en los tribunales. Sin olvidar, la denuncia de Nisman y Pollicita y la investigación sobre la muerte del fiscal.
