Amado Boudou confirmó que no está dispuesto a darle explicaciones a la Justicia sobre su participación en el caso Ciccone.
El vicepresidente de la Nación está enredado en su propia realidad. Su actitud respecto a la causa, en la que es el principal imputado por delitos de corrupción, es cada vez más contradictoria y errática.
El estado de crisis en el que entró el Gobierno por el avance de esta investigación judicial queda en evidencia con una cronología breve.
Ayer, Boudou pidió por medio de un largo escrito la nulidad de su llamado a declaración indagatoria.
Un día antes, el martes, le había solicitado al juez Ariel Lijo que adelante esa declaración porque quería presentarse en los tribunales lo antes posible, y no el 15 de julio, como había estipulado el magistrado.
En las últimas 48 horas, Boudou quedó atrapado en una jaula que construyó él mismo.
No solo cambió de opinión por completo en el plano jurídico respecto a su indagatoria, es decir, sobre la instancia judicial que tiene para demostrar su inocencia.
También, y sobre todo, dejó en evidencia que las explicaciones que le da a la sociedad sobre el caso Ciccone no obedecen a una verdad completa: más bien están vacías de sentido.
El 30 de mayo, el vice prometió en su cuenta de Twitter que haría justo lo contrario a lo que sus abogados le dicen a la Justicia que hará: “No voy a apelar a ninguna cuestión para no ir a la indagatoria, al contrario. Me da mucha tranquilidad demostrar que soy inocente”, escribió ese día.
Una vez más, la palabra de Boudou quedó devaluada por sus acciones.
La nueva lógica que aplica el vice al caso Ciccone, en realidad, retoma la estrategia que el Gobierno había establecido para demoler lo antes posible esta trama judicial.
Desde que la causa Ciccone se inició en la Justicia, el vice, con apoyo de la Presidenta, presionó de modos diversos al Poder Judicial para que el expediente no avance, o sea directamente anulado.
Boudou logró apartar al primer juez que instruyó el expediente, Daniel Rafecas; al primer fiscal, Carlos Rívolo; y a un Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Ya con Ariel Lijo al frente de la instrucción, los abogados de Boudou trabajaron únicamente para obstaculizar la investigación de la Justicia.
La defensa del vice denunció por falso testimonio a la mayoría de los testigos que declararon en su contra, con resultados negativos. Y también plantearon nulidades de todo tipo respecto a las pruebas más comprometedoras para Boudou.
Incluso lograron llegar hasta la Cámara de Casación Penal con un recurso extraordinario en el que pedían que el vice sea directamente sobreseído de la imputación que lo vinculaba directamente al rescate financiero de Ciccone Calcográfica.
La causa avanzó igual.
Y Lijo pidió la declaración indagatoria del vicepresidente en funciones, algo que nunca había pasado en democracia.
Las contradicciones de Boudou se volvieron a profundizar ayer: en la Justicia pidió la nulidad de su declaración indagatoria, mientras que en una entrevista radial aseguró que quería presentarse en los tribunales lo antes posible.
Parecen acciones tomadas por dos personas distintas. Tal vez la verdad sea más sencilla: el vice no podría darle explicaciones a la Justicia sobre Ciccone sin que quede comprometida su situación procesal.
