bien conocida la noticia del pedido de indagatoria al vicepresidente Amado Boudou, la oposición salió a reflotar su idea: pretende que el funcionario renuncie o que sea sometido a un juicio político, al estar acusado por el fiscal Jorge Di Llelo de "negociaciones incompatibles" con la función pública por el levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.
"Boudou debe renunciar", aseveró Felipe Solá, diputado nacional en el Frente Renovador de Sergio Massa. "Si yo hubiera sido Boudou, hubiera renunciado hace rato; si es procesado, debe renunciar, sí o sí", abundó el legislador en diálogo con radio Mitre.
Por su parte, la diputada macrista Patricia Bullrich pidió abiertamente que el Congreso motorice un juicio político contra el segundo de Cristina Kirchner. "Si no lo hace en febrero, lo haremos en marzo", escribió en su Twitter la legisladora de Pro. Desde la oposición ya habían alentado esta posibilidad hace dos años, en marzo de 2012, cuando se comenzó a ventilar en los medios la trama del caso Ciccone. Pero la iniciativa no prosperó.
Difícilmente la acusación política contra el vicepresidente tenga eco en el Congreso por la integración de ambas cámaras. Luego de las elecciones de octubre pasado el kirchnerismo mantuvo el quórum propio. En caso de producirse un juicio político, al Senado es quien le corresponde juzgar en proceso público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto.
Boudou podría, sin embargo, enfrentar a la Justicia de todas maneras. "El vicepresidente no tiene fueros y puede ser investigado", destacó la diputada Elisa Carrió.
La decisión es ahora del juez Ariel Lijo, quien tiene que definirse sobre el pedido del fiscal, aunque no tiene plazo para contestar..