17/01 – 11:00 - La orden fue emitida por el juez Bonadío y se ejecutó nada menos que en la Unidad de Información Financiera (UIF), que es la oficina desde la cual se debe investigar el lavado de dinero, principal sospecha que cae sobre el empresario santacruceño y la familia presidencial. Ahora las dudas, las sospechas y los descabezamientos, pero ¿Habrá investigación real?
El Juez Federal Claudio Bonadío, que tiene a su cargo una causa para investigar a la UIF por presunto encubrimiento de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, ordenó hace unos días, el allanamiento a la oficina donde (se supone), se lucha contra el lavado de activos.
La causa tuvo su origen en una denuncia de los diputados del bloque Unión PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, luego de una publicación efectuada por el diario Clarín, donde el medio ratificaba que la empresa Finansur, había librado un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) a la UIF hace 5 años, por irregularidades detectadas en operaciones de la empresa Austral Construcciones SA, por un monto de 180 millones de pesos entre 2008 y 2011.
De acuerdo a Clarín, el juez ordenó realizar dos procedimientos en la UIF, con el objeto de determinar el grado de complicidad que tiene el organismo antilavado, en el encubrimiento de acciones financieras delictivas, por parte de este hombre de Santa Cruz, fuertemente ligado a la familia Kirchner.
Bonadío, ordenó allanamientos también en Finansur, ante la posibilidad de que dentro de la UIF, se tomen medidas para la desaparición de documentos, como es típico en estos casos. Los papeles de la financiera, deben tener su correlato con lo encontrado en la oficina antilavado, de no ser así, José Sbatella tendría serios problemas judiciales y podría enfrentar acusaciones de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionarios público y encubrimiento, como ya le ha sido solicitado por la oposición.
Recordemos que Finansur, después de estas presentaciones en contra de AC, fue adquirida por Cristóbal López, sin embargo, cualquier ocultamiento posterior de pruebas, podría no ser exitosa, si acaso la Justicia reconstruye paso a paso el derrotero de fondos, depósitos y extracciones, entre la financiera y la constructora.
La denuncia tomó en cuenta la publicación que señalaba que Sbatella había retenido la información sobre las operaciones que involucraban a Austral, a Gotti, otra de las constructoras del Grupo Báez y a la financiera Invernes del empresario Ernesto Clarens, un conocido “financista” del que ya hemos hablado en OPI por su estrecha vinculación con la financiera local “Credisol”, otra de las patas de este entramado de lavado de dinero.
El Finansur realizó los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) donde describió que había una cuenta de Invernes, una financiera importante tejido de sociedades de Báez, que recibía enormes ingresos en efectivo que eran de inmediato retirados a través de cheques, expresa claramente Infobae en su artículo.
Estos movimientos sospechados, según la denuncian los medios capitalisnos, se dividieron en varias tandas: la primera, por un monto de $ 54.591.000, fue reportada entre el 1 de enero de 2008 y noviembre del mismo año. La segunda abarcó hasta julio de 2011 y alcanzó operaciones cuestionadas por $125 millones más. En este último caso, el banco envió a la UIF documentos sobre los negocios cruzados entre Austral Construcciones, Gotti e Invernes.
La primera tanda de reportes, emitidos en 2008, contiene 553 páginas con los movimientos de la cuenta y su origen injustificado. Esa carpeta llegó a la UIF el 11 de noviembre de ese año y decía que en la cuenta corriente de Invernes había depósitos en efectivo por apenas mil pesos, en 2007 habían escalado a casi 9 millones, y al año siguiente ya eran 11.770.000. En ese momento entraron también por transferencia bancaria 42 millones de Gotti.
Ahora, como ocurre siempre, piden la remoción de Sbatella, como si este fuera el punto. Lo ideal sería que el funcionario fuera enjuiciado por encubrimiento y falta de cumplimiento de sus funciones, junto a quienes colaboraron para encajonar los expedientes y los reportes de la UIF retomaran su impulso; pero estamos en Argentina, transitando por una época donde la corrupción estatal, se encuentra en el pináculo de su marca histórica. (Agencia OPI Santa Cruz)
