Como pocas veces en los últimos años, el kirchnerismo respondió con duras voces y en cuestión de horas el duro documento del Episcopado, que llamó a atender en forma dramática el flagelo de la inseguridad. El grave diagnóstico de una "Argentina enferma de violencia" sorprendió y molestó al Gobierno, mientras ultimaba detalles para rendir homenaje hoy al padre Carlos Mugica, símbolo del compromiso con la opción por los pobres, asesinado hace 40 años.
La aguda percepción de la Iglesia puso abruptamente al oficialismo de cara a la realidad, pese a que no eran pocos quienes creían avanzar en un camino de rosas y de coincidencias con el Vaticano, luego de que el papa Francisco recibiera por tercera vez en un año a la presidenta Cristina Kirchner.
Pocos días antes de la asamblea, el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, llevó tranquilidad a sus compañeros en el Episcopado sobre el rumbo que debían tomar para analizar la situación social. "El papa Francisco está al tanto de todo lo que pasa en el país", dijo públicamente, cuando desde el Gobierno se intentó relativizar las mediciones que reflejaban un leve crecimiento de la pobreza, que a fines de 2013 llegaba al 27,5% de la población, según el registro del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Los obispos venían advirtiendo que las condiciones de seguridad en el país no son las mejores. Así lo dejaron en evidencia cuando hace seis meses denunciaron el creciente avance del narcotráfico y la "complicidad y corrupción de algunos dirigentes". En ese documento -en la última asamblea plenaria- señalaron que el país estaba corriendo "el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno".
La respuesta del Gobierno a ese pronunciamiento fue más política que efectiva, al nombrar al frente de la Sedronar al padre Juan Carlos Molina, un sacerdote con indisimulados lazos con el kirchnerismo y muy pocos vínculos con la conducción de la Iglesia.
Los obispos llegaron el lunes último a la asamblea episcopal con las dramáticas descripciones de las situaciones de violencia y de inseguridad que perciben, a través de distintos testimonios, en sus diócesis. El propio presidente del Episcopado, el moderado y dialoguista José María Arancedo, convive diariamente en Santa Fe con las secuelas del negocio del narcotráfico. A ello sumaban los datos del Observatorio de la UCA, cuyas mediciones también señalan un agravamiento de los problemas de inseguridad. El año pasado, el 30,3% de la población había sufrido un hecho de delincuencia.
El propio Arancedo reclamó el lunes, en la apertura de la asamblea, una "actitud decidida frente al delito". Y recordó que el padre Carlos Mugica, reivindicado por el propio kirchnerismo, fue víctima de la violencia, por lo que pidió avanzar "en el camino de la concordia y la reconciliación"..
