LA comparación con la Guerra de las Malvinas ha sido un argumento muy frecuente para analizar el conflicto con los holdouts. En ambos casos aparecen gobiernos que intentan obtener consenso social movilizando sentimientos nacionalistas. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 1982, esta vez la Argentina obtuvo un apoyo internacional muy extendido. La modificación del lugar de pago de los bonos reestructurados, que la Presidenta anunció anteayer, sugiere un nuevo parecido. Como la dictadura que quiso recuperar las islas por las armas, el kirchnerismo dejará a su sucesor un complejo problema internacional.
La explicación se puede encontrar en el discurso que Cristina Kirchner pronunció ayer en la Bolsa de Comercio: dijo ahí que el país puede prescindir de la inversión externa. Está cada día más claro que el primer inconveniente que deberá abordar quien asuma el poder el 10 de diciembre de 2015 será el de la deuda pública.
Con su monólogo de ayer por la mañana, Axel Kicillof agregó poco a lo que su jefa ya había informado. Comenzó con algunos brochazos sobre las perversidades de "la etapa neoliberal" y después reconstruyó la estrategia del Gobierno frente a la deuda: "Néstor Kirchner tomó una bola de nieve, la derritió y la convirtió en otra más chica". Un prodigio de la física. Al final, el ministro consignó algunos detalles de la esgrima con los holdouts y ratificó que quienes ingresaron a los canjes cobrarán en Buenos Aires.
A pesar de esa carencia de novedades, las palabras de Kicillof siguieron demostrando que la estrategia del Gobierno se basa en la cruda voluntad de no pagar, desprovista de escrúpulos conceptuales.
El ministro volvió a quejarse de que los pronunciamientos de los tribunales norteamericanos hayan sido favorables a los acreedores. Reiteró que las sentencias eran ilegales e ilegítimas. Y las adjudicó a un complot de Thomas Griesa con los holdouts para socavar el bienestar de la Argentina. El alegato puede ser más o menos razonable, pero presenta una deficiencia irresoluble: habría que encontrar un tribunal donde exponerlo. Porque el país se sometió por su propia voluntad a la justicia de los Estados Unidos y agotó, sin éxito, todas las instancias. De modo que puede aspirar a que políticos y académicos critiquen el fallo de Griesa para prevenir que se repita. Pero no a que lo revisen.
Kicillof corroboró que no termina de comprender el problema que debe resolver. Por ejemplo, enfatizó que en 2003 la administración Kirchner había detectado que los demandantes harían una interpretación capciosa de las cláusulas pari passu de los bonos para, en el futuro, embargar los pagos a los acreedores que acordaran con la República. Y denunció que Griesa desoyó la advertencia, para favorecer a los holdouts. Si aquel gobierno supo tan temprano que el juez bloquearía un eventual canje, ¿para qué sometió las reestructuraciones de 2005 y 2010 a su jurisdicción? Porque esas dos operaciones no fueron puestas bajo el arbitrio de Griesa por "la etapa neoliberal", sino por Kirchner. Kicillof hizo quedar al ex presidente como alguien muy poco perspicaz: ya en 2003 presumía que Griesa lo iba a perjudicar y, aun así, lo siguió buscando como juez.
El ministro insistió en que Paul Singer compró papeles en default a centavos de dólar después de 2005, e incluso de 2010, para después exigir el pago del valor original. De nuevo Kirchner queda mal parado. ¿Por qué no fue su gobierno el que rescató una deuda tan barata? En las narraciones de Kicillof, los "buitres" parecen ser mucho más inteligentes que los "pingüinos". Y nada menos que en cuestiones de dinero.
Kicillof no debería improvisar sus soliloquios. Ayer dijo que el fallo de Griesa es inaceptable porque ignora que los países pueden quebrar. Igual que las empresas. Y no porque lo desee el que cae en bancarrota. Olvidó que cuatro días antes la Presidenta tipificó la quiebra de Donnelley como un atentado terrorista.
En el mensaje enviado al Congreso para la aprobación de la ley, una monografía universitaria similar al "Informe Mosconi", el ministro incurrió en otro lapsus: vituperó a los holdouts por radicar sus sociedades en "guaridas fiscales", como Delaware. Es el Estado en que YPF, empresa de la cual él es vicepresidente, inscribió las firmas creadas para celebrar su fantasmagórico contrato con Chevron.
Al cambiar el lugar de pago de los títulos reestructurados, Cristina Kirchner cumplió con su promesa del 26 de agosto de 2013. Desde entonces esa operación inspira dudas que ni ella ni el ministro despejaron. El inconveniente más importante es que esa alteración requeriría la aquiescencia de la otra parte del contrato. La misma exigencia aparece si se reemplaza al Bank of New York por Nación Fideicomiso como fiduciario. El Gobierno debería haber gestionado el consenso del 66 o el 85% de los tenedores, según lo que se estipule en cada bono. Tuvo por lo menos un año para hacerlo.
Otra dificultad es que muchas instituciones financieras se rigen por estatutos que prohíben eludir sentencias norteamericanas. Esta restricción podría alcanzar a la sucursal neoyorquina del Banco Nación, perteneciente a la entidad que facilita la insubordinación a Griesa.
Una derivación que ningún experto ayer se animaba a descartar es que algunos bonistas vayan a juicio por incumplimiento de contrato. O algo más maquiavélico: que los propios holdouts compren los papeles de inversores timoratos para iniciar nuevos reclamos en los tribunales. Se estaría empollando una generación de "buitres" 2014.
Estas incertidumbres desvelan a la propia Presidenta. Anteanoche confesó estar "un poco nerviosa". Y envió a Carlos Zannini a escoltar a Kicillof para aclarar que el responsable último de la deuda es el Congreso. Aunque "está todo estudiado", los legisladores ya saben a qué atenerse si algo sale mal.
La jugada atemoriza a los empresarios, ya retraídos frente al descontrol macroeconómico, la ley de abastecimiento y la penalización de las quiebras. El más afectado es Miguel Galuccio, que había prometido en Wall Street un acuerdo con los holdouts. Ya era difícil conseguir petroleras dispuestas a invertir en Vaca Muerta. Ahora la pregunta es si habrá fondos internacionales que quieran financiar a YPF. Anteayer la Presidenta debió dar marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista en el caso Donnelley porque Blackrock Fund, que es accionista de esa empresa, amenazó con retirarse de YPF. Cerca de Galuccio comienzan a ver otro peligro: que los implacables "buitres" embarguen los cargamentos de combustibles que compra Enarsa. La solidaridad política que el Gobierno obtuvo para su conflicto judicial no atenúa su aislamiento financiero.
Los dirigentes del Frente para la Victoria con expectativas electorales también se sienten víctimas. En los últimos días tuvieron novedades inquietantes: el gasto público desbocado; una reducción de la tasa de interés que garantiza más presión sobre el dólar; una ley de abastecimiento para intervenir en todos los sectores, y, ahora, el ingreso del default en una etapa más incierta. Sólo falta que los productores norteamericanos de soja sigan confabulándose con Griesa y con los "buitres" para obtener una cosecha récord, capaz de llevar el precio de la tonelada a US$ 360, como prevén en Chicago. Provocarían el quebranto de innumerables agricultores argentinos. En definitiva, muchos gobernadores e intendentes del oficialismo temen la recreación del escenario económico que los condujo a la derrota en 2013.
El más perjudicado es Daniel Scioli. Como el default le impide financiarse en el mercado, depende más de la misericordia presidencial. Por lo tanto, Scioli debe defender al Gobierno cada día más, con menos argumentos. Con un dolor adicional: trabaja a favor de quienes lo desprecian.
La oposición comenzó a abroquelarse contra la política económica, que incluye el desacato frente a Griesa. Mauricio Macri anunció que Pro no lo aprobaría. Y Ernesto Sanz reprochó a la Presidenta poner el problema fuera del contexto de la recesión y la pérdida de empleo. En el subibaja de la competencia electoral, Sergio Massa es quien más podría aprovecharse de la escena, porque cuenta con el dispositivo más adecuado para capturar el desencanto oficialista. Lo está demostrando en la Patagonia, herida por la desprovincialización de los recursos energéticos, que, por consejo de Galuccio, decidió Cristina Kirchner. Con el asesoramiento del ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, Massa capturó al rionegrino Alberto Weretilneck, teje alianzas en Neuquén con Jorge Sapag, Guillermo Pereyra y Horacio "Pechi" Quiroga, y seduce al PJ de Tierra del Fuego.
Era bastante evidente que, privada del incentivo que supondría competir el año próximo, Cristina Kirchner trabajaría para el espejo, desentendiéndose de su partido. Lo que era más difícil de prever es que iba a convertirse en la jefa de campaña de sus adversarios..
