Por LUIS RAPOPORT
A lrededor de 2006 o 2007, el Gobierno adoptó dos iniciativas que tuvieron carácter estratégico y que explican buena parte de la situación económica y social actual: en primer lugar, se tomó la decisión de inflacionar la economía; en segundo lugar, la de limitar las inversiones en petróleo y gas.
La inflación se gestionó a través de políticas expansivas en materia fiscal, monetaria y de ingresos: se aumentantaron el gasto público, la cantidad de dinero en circulación y los salarios. Tomada esa decisión, se usaron tres procedimientos para evitar que la inflación se descontrolara: mentir en los índices estadísticos del Indec, preservar el dólar relativamente quieto y mantener los precios del transporte, la energía y otros manejados por el Estado por debajo de la inflación.
En el curso de los años siguientes, los economistas percibimos la inconsistencia de esta política. Se parecía a pisar una "mina antipersonal", de esas que no explotan en el momento de pisarlas, sino cuando se levanta el pie. Cada día que pasaba, la bomba se hacía más grande y letal, porque cada vez había menos producción de petróleo y gas, cada vez el dólar estaba más atrasado y cada vez los subsidios eran mayores. Era obvio que no se podía seguir eternamente con esos desequilibrios en aumento. Para colmo, la mentira en los índices de precios limitaba las posibilidades de financiamiento externo para sostener la ficción con deuda. Durante unos cuantos años se pudo financiar ese esquema por el aumento de los precios de las commoditiesagropecuarias. Para que el "modelo" hubiese podido seguir hasta el infinito, esos precios debieron haber continuado subiendo hasta el infinito.
Cuando ese aumento se interrumpió y se empezó a hacer sentir la cuenta energética, el cepo y las restricciones a la importación no fueron más que mecanismos para sostener el pie apretando la mina. Pero la bomba siguió creciendo y ya se hizo insoportable: las caídas en la producción de petróleo y gas pesan sobre las reservas del Banco Central. El atraso cambiario saca del mercado internacional a buena parte del trabajo argentino. A falta de importaciones, las empresas pueden aumentar los precios sin competencia externa, y la emisión monetaria para pagar subsidios alimenta la misma inflación. El empleo, que dejó de crecer, ya empieza a caer.
Los mecanismos dscriptos fueron analizados hasta el consancio por economistas de diversas tendencias. La novedad es que el Gobierno está intentando, tímidamente, sacar el pie de la mina antipersonal. Está queriendo aumentar el dólar más que la inflación, tarea difícil porque el aumento del dólar impacta en los precios. Está intentando reducir los subsidios, tarea difícil porque el aumento de precios del transporte, el agua y la energía también es inflacionario. Y está intentando aumentar los salarios por debajo de la inflación. Y ésta es una tarea política más complicada aún, a menos que -con humildad- se reconozcan los errores cometidos durante todos estos años.
Durante años se apostó a que los salarios subieran más que el dólar y las tarifas; ahora se intenta aumentar el dólar y las tarifas más que los salarios. Antes se estimulaba el consumo, pero ahora se intenta reducirlo, ya que no existen niveles de producción y exportación que puedan sostener ese consumo y las importaciones que la economía demanda. El problema es económico y social, pero sobre todo, político: ¿cómo explicar a la población que sus salarios deberán aumentar un 18%, cuando el dólar va a crecer más del 30% y las tarifas otro tanto? En particular, ¿cómo hacerlo cuando todos saben que semejantes aumentos del dólar y las tarifas provocarán aumentos de precios muy superiores a la pauta salarial de ese 18%. La señal del Gobierno es de más inflación y menos salarios.
Esa señal descarga una ola salvaje de pujas distributivas. El que tiene poder negociador lo ejerce, como lo hacen los policías, con sus circunstanciales aliados, los saqueadores. La puja continuará con más actores que van a defender sus ingresos. Ninguno puede percatarse que estamos en un juego suicida: con la economía encerrada, con importaciones de energía en aumento, inflación creciente y reservas de divisas decrecientes, somos más pobres de lo que creemos. En el conflicto distributivo no nos hacemos más ricos, simplemente distorsionamos, más aún, la estructura de precios y remuneraciones. La racionalidad individual del "sálvese quien pueda" supera a la racionalidad colectiva, que escasea por falta de un gobierno con autoridad moral para llamar a la cordura.
La mina antipersonal se activó. No produjo un estallido fuerte y corto como el del 2001/2002. Estamos viviendo, en cambio, una explosión menos aguda, pero más larga y más dolorosa. Lamentablemente, no hay nada que se pueda hacer, ninguna medida económica puede evitar la explosión que ya está en curso. No hay más remedio que convivir con la explosión. Recién cuando todo pase se podrá diseñar un plan económico consistente. Antes que eso, como en 2001/2002, la sociedad deberá devaluar sus expectativas, reconocer que somos un país pobre e intentar construir una nueva oportunidad con humildad.
Ojalá hayamos aprendido de esta década que tener el precio de la soja circunstancialmente alto no es sinónimo de riqueza sustentable, tanto como no lo fue el endeudamiento de los 90. Y no lo será tampoco el petróleo y el gas de Vaca Muerta.
Los dólares que entran en virtud del azar de la fortuna no constituyen riqueza. La riqueza está en la educación, el trabajo, en la tecnología, en los emprendedores que ponen en el mercado internacional productos, servicios y procesos innovadores, en el respeto a ley, en un Estado profesional y en dirigentes políticos que también cumplan con la ley y no mientan ni roben.
© LA NACION.
El autor, economista, es miembrodel Club Político Argentino
