El Consejo de Administración de Repsol comenzó a deliberar a las 16 (hora española). Decenas de periodistas esperan que se anuncie la aprobación del acuerdo entre España, Argentina y México que establece, en líneas generales, una indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española y unos pagos en “activos líquidos” (bonos en dólares y áreas de explotación productivas) por 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros).
“Por ahora, se trata de un preacuerdo en general pero faltan negociar detalles, la letra chica, las garantías sobre los activos líquidos y el tema de los bonos en detalles. Todavía los protagonistas no se han sacado la foto”, comentó una alta fuente a Clarín en la imponente sede de la petrolera española.
Lo que si quedó en claro es que no hay ningún distanciamiento entre el presidente de Repsol , y el vicepresidente, Isidro Fainé quién delegó su voto en el consejo en Antonio Brufau.
Los trascendidos insisten en que el preacuerdo respeta el documento que Brufau entrego el Ministro de Industria español, José Manuel Soria que contiene una serie de “líneas rojas”, exigencias mínimas para lograr el consenso. Soria logró la aprobación del grupo mexicano Pemex. Asi se abrieron las puertas a las negociaciones del Pacto de Buenos Aires que, en realidad, por ahora es solo un preacuerdo.
El Consejo de 16 miembros presidido por Brufau repasa ahora la calidad de los bonos argentinos que deberían contribuir al pago de los 5.000 millones de dólares de indemnización, las garantías del cobro, y los detalles sobre los activos productivos capaces de transformarse rápidamente en dinero contante y sonante como exigen los petroleros españoles, sin ninguna condición para su total propiedad por Repsol y netos de impuestos.
La directiva tiene que analizar las consecuencias jurídicas y fiscales para Repsol, y tendrá que tener en cuenta que aceptar 3.700 millones de euros de indemnización cuando después del 17 de abril del 2012 (día de la expropiación) se reclamaron 7.000 millones de euros más el lucro cesante.
Un especialista comentó al corresponsal de Clarín que Repsol podría recibir una demanda de algún fondo que forma parte de su accionariado. “Repson no desistirá de sus querellas contra YPF y la Argentina, como exigen los argentinos, sin asegurarse al máximo de los cobros”, advirtió.
Además, los bonos de Argentina, el país responsable del default más importante de deuda soberana en el mundo, tengan solidez sobre todo a la hora de cobrarlos. “Además, 5.000 millones de dólares en bonos requieren un plazo dilatado para venderse sin perjudicar su nivel de pecio”, señaló la fuente.
Analistas de Bankinter señalaron hoy que "en nuestra opinión, la solvencia exterior de de Argentina se encuentra bajo cuestión después de haber impagado en 2001/2002 debido a la delicada situación, de nuevo, de su cuadro macroeconómico”.
También recordaron que “las tres grandes agencias de calificación crediticia Fitch, Moody's y Standard and Poor's sitúan a la deuda argentina en el nivel de 'bono basura', lo que implica un riesgo de que el país no pague a sus acreedores.
Añadieron en Bankirnter, que "parece lógico que REPSOL reclame garantías adicionales para los bonos soberanos con que, aparentemente, va a ser indemnizado sobre un importe que, por otra parte, en absoluto parece suficiente para compensar el valor del negocio expropiado", afirmaban ya en Bankinter tras conocerse el principio de acuerdo el martes.
Repsol tiene contabilizada a YPF por 5.436 millones de euros, por lo que perdería con este acuerdo 1.700 millones de euros (más de 2.300 millones de dólares).
