La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Es posible que con ese fallo haya redactado también la partida de defunción de la nueva norma. El trámite de adecuación que presentó el Grupo Clarín ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) es otro caso que pone en duda si la ley es susceptible de ser aplicada.
Clarín ofreció segmentar su conglomerado en 6 empresas. Una de las claves de ese rediseño es la constitución de una nueva Cablevisión, que pertenecerá en un 60% a un nuevo accionista sin vinculaciones con Clarín, y en el 40% restante a Fintech, el fondo de inversión de David Martínez. Al mismo tiempo, este financista está negociando la compra de los activos de Telecom Italia en Telecom Argentina, lo que pone en tela de juicio la prohibición de operar medios audiovisuales para los accionistas de empresas de servicios públicos, que establece la nueva ley.
Para identificar a los dueños de las licencias a las que Clarín renunciará hace falta esperar los 120 días que se fijó la Afsca para aceptar el nuevo esquema.
Durante ese lapso debe expedirse también la Comisión de Defensa de la Competencia, que, por orden de Néstor Kirchner, autorizó en 2007 la formación de la misma gran empresa de TV por cable que el Gobierno ve hoy como un demonio. La resolución lleva la firma de Guillermo Moreno.
Aun cuando Martín Sabbatella admita la fragmentación propuesta por Clarín, esta empresa tendrá derecho a pedir las mismas prórrogas concedidas a otros grupos sometidos a la adecuación. La fase preliminar del desguace podría así durar más de un año. Ya lo recordó la Corte, en el apartado 74 de su sentencia: "Debe respetarse la igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias...".
La advertencia tiene un significado estratégico. Una vez que la Afsca acepte el nuevo formato de Clarín, comenzará a develarse el misterio: ¿habrá una enajenación de licencias a personas o sociedades ajenas por completo a los actuales titulares? ¿O el cambio consistirá en una recomposición accionaria entre los mismos propietarios y personas allegadas?
Estas preguntas tienen sentido porque la Afsca ya aceptó -aunque aún no autorizó- varios planes de adecuación en los que los socios de un multimedios se distribuyen las acciones para cumplir con los cupos de licencias permitidos por la nueva normativa. A lo sumo, incorporan como accionistas a sus parientes.
El ejemplo más notorio es el del segundo holding audiovisual del país: Supercanal, del grupo Vila-Manzano. Sabbatella estuvo a punto de autorizarle un rediseño de ese tipo, con la peculiaridad de que entre los beneficiarios de su resolución también están Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, socios minoritarios de esa empresa.
A la Afsca le va a ser muy difícil medir a Clarín con una vara distinta de la que tuvo en cuenta para las demás compañías. Por lo tanto, la adecuación de Clarín podría dar a luz un nuevo Clarín, idéntico al anterior, pero dividido en seis fragmentos. La "democratización de la palabra" terminaría siendo, por obra de una ley enmarañada y una autoridad de aplicación cínica, una exhibición de gatopardismo. Un desenlace como ése no debería sorprender. La política de medios del kirchnerismo es una historia de hipocresía. Basta con leer la propuesta de Clarín. Allí se descubre que explota muchísimas licencias a título precario por la demora del Comfer, y más tarde de la Afsca, para analizar los expedientes. Hay por lo menos tres grandes adecuaciones de Clarín a la vieja ley cajoneadas hasta hoy por las autoridades. Esa lentitud tal vez no se deba a la desidia. La incertidumbre jurídica hace que los licenciatarios sean más susceptibles a las presiones.
Sin embargo, la ley de medios no debe su esterilidad a las muchas imperfecciones de su texto o al doble estándar con que se la aplica. El factor que más conspira contra ella es la política económica. El negocio genuino de los medios de comunicación se rige por las pautas de todos los mercados. Los inversores demandan allí las mismas reglas y garantías que en cualquier otro sector. Por lo tanto, en la eventualidad de que Clarín o cualquier otro grupo quisiera poner en venta alguno de sus activos, ¿habría compradores? ¿Será fácil encontrar quien, fuera de motivaciones políticas, compre la licencia de una gran emisora, susceptible de ser revocada sin indemnización apenas el Gobierno la declare "de interés público", molesto con su línea editorial? Exquisita paradoja: el mismo fallo de la Corte que convalidó la ley de medios conspira contra su efectiva aplicación.
La discusión del caso Clarín, otra vez, vuelve a distraer de los problemas relevantes. También en el campo de la comunicación. Ayer se anunció que Telecom Italia se desprenderá del 68% de Sofora, la empresa que controla Nortel, sociedad dueña del 54,74% de Telecom Argentina. Es el negocio más interesante que ofrece el país a quienes apuesten a que a partir de 2015 se normalizará la economía.
La conducción de Telecom Italia fue autorizada ayer por el directorio de la empresa a discutir con Fintech, el fondo de Martínez, una oferta de 960 millones de dólares. Según fuentes inmejorables, en Milán tironearán por un dólar más, pero el negocio ya está hecho. Martínez, un mexicano con carrera rutilante en Wall Street, tiene buena relación con los italianos, que alimentó desde Buenos Aires: fue mediador cooperativo cada vez que algún grupo local -Clarín primero, Kirchner y sus amigos después- quiso comprar la parte de Telecom que hoy tiene al alcance de la mano. Además, su fondo posee acciones preferidas, sin derecho a voto, de Nortel.
Martínez tiene intereses muy variados en la Argentina. Administra una voluminosa cartera de bonos reestructurados, que está dispuesto a someter al cambio de jurisdicción que propuso el Gobierno para eludir las sanciones de la justicia neoyorquina. Mucho más importante: como socio de Clarín en el 40% de Cablevisión, ha prestado servicios invalorables a Cristina Kirchner aceptando la nueva ley de medios, mientras Héctor Magnetto denunciaba su inconstitucionalidad. Una disonancia que lastimó la relación entre los socios. Y que acaso facilite a Martínez que la Secretaría de Comunicaciones apruebe la compra de la parte italiana de Telecom.
La oferta de Martínez por ese activo desafiaría el artículo 24 inciso j de la ley, que prohíbe ser "radiodifusor" al que participa de la explotación de servicios públicos. ¿Obligará el Gobierno a Fintech a vender su participación en Cablevisión? Si, como quiere la Corte, aplica un único criterio para todos los casos, le resultaría imposible: la Afsca ha venido tolerando que Telefónica siga en posesión de Telefé. Martínez podrá alegar, como los directivos de Telefónica, que Fintech no es dueño de Telecom, sino sólo de parte de una sociedad que interviene en su negocio.
Los casos Telefónica-Telefé y Telecom-Cablevisión abren una hendija en una muralla levantada por la ley de medios: las empresas de telefonía, con sus extensas redes de fibra óptica y legiones de abonados, tienen prohibido ingresar al sector de la TV por cable. Esta restricción no fue pensada por Kirchner. Fue una imposición del Congreso. A Kirchner le hubiera encantado entregar a las telefónicas el negocio de la televisión. Su objetivo no era desmonopolizar el mercado. Era vengarse de Clarín, su antiguo aliado.
Cristina Kirchner y Sabbatella diseñaron una estrategia inesperada para sus pruritos ideológicos: limitan a las compañías nacionales y liberan de trabas a las multinacionales. Si se salvan de esa incoherencia es porque la realidad no les hace caso. Lo más probable es que fracasen en el desguace de Clarín. Pero, si lo logran, el mercado podría corregirlos. Ya está sucediendo: el kirchnerismo empresarial colaboró, con su desembarco en las radios porteñas, para que Marcelo Longobardi obtenga un éxito de audiencia sin precedente en Radio Mitre, de Clarín.
Ya es tarde para aplicar la solución más aceptable al problema que se pretendía corregir. Los países progresistas en materia de medios alientan la competencia de todos contra todos, fijando ventajas iniciales para que los cables puedan lidiar con las telefónicas. Eso sí: también establecen organismos de regulación severos, idóneos e independientes. Como los que pidió la Corte..
