AMado Boudou podrá maniobrar para frenar la causa, pero el hecho de que el fiscal Di Lello haya pedido su indagatoria y la mera posibilidad de que el juez Lijo lo pueda citar alcanzan para desnudar su debilidad política.
Es cierto que ya era un funcionario sin proyección política. Nunca fue aceptado por el PJ y, si alguna vez soñó con cobrar vuelo cuando le tocara reemplazar temporalmente a la Presidenta, enseguida le advirtieron que de él sólo se esperaba que fuera invisible. Cristina ni siquiera le dejó mantener su despacho en la Casa Rosada.
Es cierto, también, que hace dos años Boudou mostró que conservaba algún apoyo cuando persiguió -y logró- acorralar al primer juez que intervino en la causa, Daniel Rafecas; al fiscal Carlos Rívolo, y al entonces procurador general Esteban Righi. Ahora, en cambio, el futuro judicial y político del vicepresidente se torna todavía más endeble. Hay algunos datos para tener en cuenta:
1) La procuradora general Alejandra Gils Carbó, una fiel soldado de la presidenta Cristina Kirchner y superiora jerárquica del fiscal Di Lello, por el momento no movió un dedo para salvar a Boudou. Por lo menos, no obstruyó la labor de Di Lello.
Hay, sí, dos explicaciones posibles. La primera, que habrá que ver si se corrobora, es que el Gobierno le soltó definitivamente la mano al vicepresidente. La segunda, tal vez más exacta que la anterior, es que el dictamen de Di Lello representa para Boudou el mal menor en todo este embrollo judicial.
En efecto, mientras Di Lello considera que Boudou "se interesó" indebidamente para salvar a Ciccone de su deuda con la AFIP, el juez Lijo está investigando a Boudou por haber contratado a la imprenta Ciccone para fabricar billetes. Y mientras Lijo considera que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los Ciccone son sospechosos en la causa, Lijo los tiene como testigos que brindaron pruebas contra el vicepresidente.
Pero, en cualquier caso, la causa contra Boudou continúa avanzando y el vice enfrenta ahora un caso de corrupción que echa dudas que se extienden mucho más allá de él.
2) A partir de hoy, la causa debería llamarse popularmente caso Boudou. Así como la causa Madres de Plaza de Mayo dejó de llamarse así y fue rebautizada como caso Schoklender cuando el juez Norberto Oyarbide centró en ese personaje las sospechas, es ahora Amado Boudou el que está en el centro de todas las sospechas.
3) No hay que descartar que Cristina Kirchner pueda sentirse aliviada con tener un vice débil, pues una figura fuerte -en una época de crisis económica que la coloca a ella en el foco de todos los cuestionamientos públicos- podría hacerla sentir más insegura.
3) Ahora bien, si Boudou no logra que la Cámara de Casación Penal voltee la causa, terminará enfrentando, sí o sí, la indagatoria del juez Lijo y deberá ir a declarar. Su paso por los tribunales penales será inexorable y no podrá pretender declarar por escrito, un privilegio que sólo pueden invocar los testigos, no los imputados de un delito.
Claro que faltan, todavía, algunos meses para que Lijo llegue a esa instancia decisiva.
El juez debe aún esperar que terminen de declarar todos los testigos y debe nombrar un perito para que evalúe el supuesto enriquecimiento ilícito de Boudou. Pero en la segunda parte del año llegará ese momento.
4) Boudou podrá presentarse a responder la indagatoria sin necesidad de que el Congreso le haga, previamente, un juicio político. En efecto, luego del escándalo desatado por las coimas en el Senado, en el año 2000, la ley 25.320 estableció que el juez puede avanzar con el juicio y citar al vice o a un legislador o juez a prestar una indagatoria sin necesidad de atravesar esa instancia política. Pero si el vice no aceptase concurrir, entonces sí habría que tramitar ese proceso político de remoción.
En ese caso, Boudou quedará entre la espada y la pared, y cualquier auxilio que pudiera darle la Presidenta o el kirchnerismo podría salpicar a sus salvadores..
