LOS PEORES DE LA HISTORIA ARGENTINA

La nueva ley de abastecimiento, aprobada por la dócil mayoría parlamentaria del oficialismo, acerca a Argentina al desastroso modelo de la Venezuela chavista al permitirle al gobierno kirchnerista reprimir a su antojo actividad comercial del sector privado. Todavía no ha llegado a todos los extremismos del régimen de Nicolás Maduro. Pero ya venía imitando al presidente venezolano en la ineficiencia del manejo de la economía, a lo que agrega ahora haberle copiado la autoridad para clausurar a los supermercados y confiscarles sus existencias si considera que, a su arbitrario entender, los precios de sus productos suben demasiado. Pero en un país con una inflación real del 40%, los aumentos de precios al público son inevitables, tanto en las grandes superficies como en los más pequeños almacenes barriales.

La defensa oficial de la nueva norma contradice burdamente su impacto. Fue aprobada por la Cámara de Diputados con la mayoría kirchnerista de 130 votos, que frustraron los intentos de la oposición, con solo 105 legisladores, de frenar este nuevo desborde autoritario. La acción de Diputados completó la sanción parlamentaria, iniciada previamente por el oficialismo en el Senado. Jorge Capitanich, el peripatético jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cayó incluso en el mundo del revés al tratar de justificar la ley.

Sostuvo que “permite defender a la pequeña y mediana empresa”, error notorio ya que esas firmas están tan presionadas como los grandes supermercados a subir sus precios, debido a los costos de producción de lo que venden por impacto de la disparada inflación. Peor aún fue su afirmación de que el efecto de la nueva ley será “promover la inversión”. Ni en la mente más ingenua o afiebrada cabe la idea de que haya inversores dispuestos a arriesgar sus capitales en un área bajo amenaza de clausuras y confiscaciones de mercaderías por arbitrio de un gobierno que ha precipitado al país a una de las peores crisis de su historia, tanto en el campo institucional como en el manejo de la economía.

La Argentina kirchnerista se debate actualmente en un cúmulo de problemas. Está en recesión por sostenido crecimiento negativo. Las reservas del Banco Central han caído en un año a menos de la mitad, a medida que el gobierno las utiliza para pagar deuda y solventar gastos corrientes. La inflación aumenta mes a mes, en tanto los servicios públicos se han deteriorado agudamente por falta de inversión y por los controles de precios a empresas privadas que los proveen. Y el kirchnerismo no sabe cómo escapar del brete que le han creado los tenedores de deuda pública que se negaron sensatamente a entrar en los leoninos canjes de títulos bajo el kirchnerismo, en 2005 y 2010, con quitas de hasta el 75%.

Se le agrega la incomprensible permanencia en el cargo del vicepresidente Amado Boudou, que ha ejercido la presidencia cuando CFK viaja al exterior, pese a que está acorralado en varios juicios por fundadas acusaciones de corrupción, como ha ocurrido con otras muchas figuras del entorno de la presidenta. Todos estos males han recibido ahora el penoso aporte de una ley que, a menos que la Suprema Corte la declare inconstitucional, solo conducirá a desabastecer a la población y al surgimiento de un mercado negro para escapar a las nuevas restricciones impuestas por una administración sin rumbo.