Trece meses después de aprobada la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que en teoría no iba a costarle un peso al Estado nacional, la Justicia aplicó otro duro freno a los planes del Gobierno.
El juez en lo Comercial Javier Cosentino determinó que esa ley de expropiación viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda por $ 275,7 millones que mantenía la imprenta con la AFIP.
Cosentino, que está a cargo del concurso de la empresa, avanzó además sobre algunas figuras decisivas en la compleja trama del "caso Ciccone". Apartó al ex presidente y representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.
El magistrado delegó esa responsabilidad en el síndico del concurso, Martín Stolkiner, tras exponer que Lorenzino afrontaba "un claro conflicto de intereses que tornaba incompatible su actuación", ya que debería reclamarle al Gobierno que él integra una indemnización que él a su vez debería pagar. ¿A qué parte representaría mejor?
Cosentino firmó el fallo el viernes -aunque sólo trascendió ayer- tras escuchar los últimos meses argumentos contrapuestos de la familia Ciccone -con el 30% de las acciones de la imprenta-, Vandenbroele -como presidente de la compañía y de The Old Fund, que retenía el 70% restante-, de Lorenzino, de la AFIP, del síndico y del fiscal.