Si hay algo que pone nerviosos a los analistas, es que no tienen elementos para determinar de manera fehaciente si el actual escenario de default parcial puede resolverse antes de 2015 o si, por el contrario, quedará como una mochila para el próximo gobierno.
Los optimistas miran con expectativa las gestiones que vienen haciendo cuatro bancos de capital extranjero, que buscan comprar la sentencia a favor que tienen los fondos buitre. En los hechos, ese fallo representa una orden de pago por u$s 1600 millones que debe obedecer la Argentina. Las entidades trabajan con la hipótesis de que el Gobierno va a respetar ese compromiso a partir de 2015, pero la verdad es que no tienen ninguna certeza.
Pero el terreno legal sigue muy pantanoso y eso implica que se pueden potenciar las consecuencias negativas del default. Mientras el incumplimiento siga en pie, los bonistas que no cobraron pueden pedir que se aceleren los pagos pendientes. Y si eso sucede, el riesgo de que dañe los canjes de deuda instrumentados en 2005 y 2010 es tan alto como el que generaría la aplicación de la cláusula RUFO. El Gobierno dice que rechazó alternativas para no hundir esa reestructuración. Pero si en 60 días no genera novedades positivas, la ola de la deuda puede transformarse en un tsunami.
