Por ALEJANDRO REBOSSIO
La Corte Suprema de Argentina (máximo tribunal de este país) falló este martes a favor de la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley de medios audiovisuales que eran rechazados por el mayor grupo argentino de comunicación, y quizá máximo enemigo del kirchnerismo, Clarín. La norma obliga a este conglomerado y a otros a desprenderse de parte de sus empresas. Los jueces establecieron que Clarín, el único grupo que había recurrido a los tribunales contra la norma, tendrá que cumplirla, pero introdujeron un elemento nuevo al conflicto: las desinversiones deberán ser indemnizadas por el Estado. La sentencia supone una victoria para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había impulsado esta ley en 2009 junto con otras fuerzas de centroizquierda y con movimientos sociales. Clarín, el grupo que más medios deberá dejar con este fallo, había invocado que se violaría la libertad de expresión y ya había anticipado que recurriría a tribunales internacionales en caso de que la Corte Suprema decidiera en contra de sus intereses.
La norma limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín.
La ley se aprobó hace cuatro años, pero el capítulo referido a los límites de licencias y a la obligación de los grupos de desinvertir en ellas había permanecido congelado por un recurso judicial presentado por Clarín. En 2012, un juez de primera instancia falló a favor de la ley, pero en abril pasado un tribunal de apelaciones dictaminó en contra. Finalmente, seis de los siete miembros de la Corte Suprema votaron por la constitucionalidad de la norma.
El máximo tribunal de Argentina ha ganado prestigio en los últimos años, después de que el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) impulsara la remoción de magistrados sospechados de corrupción y su reemplazo por juristas de trayectoria destacada e independiente. Si bien muchas veces, los nuevos jueces supremos fallaron a favor de intereses de los Kirchner, en otras oportunidades lo hicieron en contra, como este año cuando vetaron la reforma judicial que empujaba Fernández, actualmente de excedencia por problemas de salud hasta el 8 de noviembre. En este caso, de los cuatro artículos discutidos de la ley de medios, tres fueron ratificados por seis de los siete magistrados y el restante, referido a a que los grupos como Clarín deben desinvertir en el plazo de un año, fue confirmado por un voto dividido de cuatro contra tres.
El fallo marca el final de la disputa jurídica en Argentina de una batalla librada desde 2008 entre los Kirchner y el grupo de medios propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Hasta entonces habían mantenido una estrecha relación, pero el conflicto agrario de aquel año dividió aguas y entonces Fernández se enfrentó sin cuartel contra lo que ella llamaba “monopolio”. Así es que impulsó la ley de medios audiovisuales, que según algunos de sus impulsores ha servido solo para perseguir a Clarín, pero no a otros conglomerados que supuestamente debían dejar más licencias de las ya acordadas con el Gobierno. El kirchnerismo también promovió una ley de regulación del papel para periódicos en un país donde solo una empresa de Clarín lo fabrica, se volvió atrás con la autorización que había dado Kirchner en 2007 a la fusión de la operadora de televisión por cable del grupo con su principal competidora e impulsó la investigación judicial para determinar si los hijos de Herrera habían sido bebés robados por la última dictadura militar (1976-1983), hipótesis que por ahora ha sido descartada en los análisis oficiales de ADN. Este martes, dos días después de las elecciones legislativas que ratificaron la mayoría parlamentaria kirchnerista, pero marcaron el triunfo de la dividida oposición en los principales distritos, el fallo de la Corte Suprema cierra la historia, o tal vez abra otra. En el medio, la sociedad argentina ha defendido o criticado la ley con los mismos argumentos, unos decían que favorecía la libre expresión y otros, que la atacaba.
La Corte Suprema aprovechó el fallo de la ley de medios para dar algunas advertencias al Gobierno de Fernández. Los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en las subvenciones y el reparto de la propaganda gubernamental entre los medios, que los medios públicos "no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes", que la autoridad gubernamental de regulación del sector audiovisual "debe ser independiente" y que la ley en cuestión "debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
