Las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales son, sin duda, uno de
los principales problemas que debe enfrentar la democracia argentina. Jóvenes muertos en
comisarías, personas desaparecidas después de habérselas visto por última vez al ser detenidas por
agentes policiales, terceros muertos en tiroteos innecesarios o supuestos delincuentes que “caen
abatidos” en dudosos enfrentamientos; son sólo algunos ejemplos de los casos que la sociedad
argentina está acostumbrada a leer en los periódicos todos los días.
La presunta participación de agentes policiales en la ejecución del terrible atentado perpetrado contra
la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el
18 de julio de 1994, y en el brutal asesinato del periodista José Luis Cabezas*
, quien fuera
secuestrado, golpeado, asesinado y luego su cuerpo calcinado en un balneario de la provincia de
Buenos Aires el 25 de enero de 1997, son también ejemplos elocuentes de la extensión del problema.
Es por ello que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina, y Human Rights
Watch / Americas (HRW/A), con sede en Washington, DC, han decidido elaborar conjuntamente este
informe, con el objeto de retratar la gravedad de la situación. Este trabajo ha documentado cuarenta y
dos casos de brutalidad policial, pero describe además las prácticas y las normas que permiten
implícitamente o avalan explícitamente este accionar. Este informe demuestra que el problema de la
brutalidad policial no es una cuestión coyuntural ni aislada, sino que es una práctica funcional a los
sistemas policiales que se explica por deficiencias estructurales en la organización política de estas
instituciones, en la formación y en el control de sus agentes.
La compleja trama de la violencia policial en la Argentina está intrínsecamente vinculada con la
ineficacia de las agencias del orden para garantizar la seguridad. Con una formación y organización
deficiente y acostumbradas a actuar más allá de la ley, las policías no están preparadas para
asegurar los derechos humanos ni para proteger a la comunidad. El desafío que este informe
presenta, entonces, es el de construir una fuerza policial profesional, eficaz, sujeta a mecanismos de
control transparentes e idóneos, y respetuosa de los derechos humanos.
Frente a esta realidad, resultan preocupantes las recientes declaraciones del Presidente de la
Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, al señalar que la respuesta para controlar la delincuencia es la
“mano dura” y agregar que “podrán poner el grito en el cielo algunas organizaciones de defensa de
los derechos humanos, pero yo creo que aquí tiene más protección un delincuente que un policía o
que la gente”1
. Esta opinión representa un claro ejemplo de una fórmula errada y repetida: privilegiar
las respuestas fáciles y efectistas, desconociendo la complejidad del problema y el peligro que estas
políticas acarrean para la convivencia en un Estado de Derecho.
Este informe refleja que el problema de la violencia policial es el resultado de un sistema de
seguridad en crisis y fuertemente cuestionado por la opinión pública2
, que debe ser transformado
radicalmente. La respuesta del gobierno nacional que este informe reclama, en la dirección contraria
a los dichos presidenciales, es una política que ejecute en el ámbito federal y promueva en el plano
provincial las acciones necesarias para revertir esta situación. En el mismo sentido, tampoco debe
soslayarse la responsabilidad de las autoridades locales en relación con sus policías. Los numerosos
casos narrados son una muestra fehaciente de la extensión del problema de la brutalidad policial en
todo el país, históricamente ignorado por los gobiernos provinciales.
En este contexto, deben ser bienvenidos los diversos intentos por iniciar procesos de transformación
de las fuerzas de seguridad. Durante los últimos tiempos, se han iniciado una serie de reformas en
distintos lugares que buscan, por métodos diversos, evitar estas graves violaciones a los derechos.
BAROZZI DIXIT: podemos estar tranquilos. La " gran " policía " ya tiene un cajón para nosostros.
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