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EL TRIBUNO
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28 de Febrero, 2015

AUDITARÁN A LÁZARO BÁEZ Y SUS SOCIOS

Autor: bgv065, 10:09, guardado en actualidad

6/02 – 10:00 - El periodista Hernán Cappielo del diario La Nación señala hoy que todo el imperio económico y financiero que armó Báez, en la cual involucró a sus hijos y allegados, será auditado por expertos contables de la Suprema Corte de Justicia. La pericia fue solicitada por el juez Sebastián Casanello e involucra a todos los imputados en la trama de lavado de activos y dinero. Esto incluye al empresario patagónico, a su familia y a un grupo de hombres de negocios y del show business vinculados con sus operaciones comerciales.

Casanello ordenó la medida tras un fallo de la Cámara Federal que le indicaba indagar a Lázaro Báez y examinar la situación patrimonial de las personas y empresas denunciadas en la causa. Báez está citado para el 13 de marzo, pero mientras tanto se puso en marcha este amplio análisis económico.

Báez será indagado entonces por lavado de dinero producto de operaciones comerciales por las cuales sus empresas están siendo investigadas por evasión fiscal a partir de la utilización de facturas apócrifas para simular erogaciones y disminuir así su carga tributaria.

El caso de Casanello es aquel en que están procesados, con el procesamiento confirmado por la Cámara Federal, el empresario Federico Elaskar y el estudiante avanzado de ciencias económicas Leonardo Fariña, quienes primero afirmaron por TV en el programa de Jorge Lanata haber sacado del país dinero negro de Báez y luego se desdijeron. En ese expediente, Casanello también procesó al empresario Carlos Molinari (decisión que sí confirmó la Cámara). Él y sus sociedades le habrían servido a Fariña para blanquear los fondos “provenientes de actividades ilícitas” con los que pagó su casamiento con la modelo Karina Jelinek, viajes en aviones privados y la compra de una Ferrari California dominio INP 622.

Pero la Cámara Federal, cuando revisó el procesamiento del empresario Roberto Erusalimsky (dejado sin efecto por la Cámara), dijo que no podía pronunciarse sobre el asunto sin que antes Casanello escuchara en indagatoria a Báez.

El juez había procesado a Erusalimsky porque intervino en la compra de la estancia mendocina El Carrizalejo, adquirida por Fariña “en comisión”, es decir, en nombre de otra persona (Báez, dijo), el 16 de diciembre de 2010, por 5 millones de dólares. El 21 de diciembre de 2012, se la transfirió a Erusalimsky por 1,8 millones. El juez ya había procesado al propio Fariña, que además está preso por evasión de impuestos, y a Elaskar, que dijo haber sacado del país millones de euros de Báez a través de sociedades offshore armadas en Panamá.

Casanello dispuso otras indagatorias que había pedido la Cámara: las de Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, que hicieron gestiones para la transferencia del campo. Y la de Martín Rosta, el escribano que intervino tanto en la compra que hizo Fariña como en la venta a Erusalimsky. Ellos tres declararán antes que Báez, entre el 5 y el 11 de marzo.

Los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, también pidieron hacer el análisis contable de los denunciados. Casanello dispuso entonces primero que el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, precise quiénes son las personas a las que abarcará el estudio y el período sobre el que se trabajará.

El trabajo lo realizarán los peritos de la Corte y los expertos que pongan los acusados. Hasta ahora, en el requerimiento que realizó Marijuan están imputados, además de los ya procesados, el empresario Báez, su hijo Martín, Fabián Rossi y el contador Pérez Gadín.

Para determinar “la situación patrimonial y financiera integral” de los denunciados y sus empresas y determinar su realidad económica, Casanello dispuso que los expertos de la Corte establezcan: el patrimonio neto al inicio y cierre de cada año; el origen de los fondos; la clasificación de sus activos y pasivos; su disponibilidad de efectivo en pesos y en divisas; el origen de las capitalizaciones de las empresas y los aportes de los accionistas discriminados y detallados; el destino de los beneficios obtenidos; los movimientos de fondos, y la determinación del patrimonio de los acusados, entre otras cuestiones ordenadas. (La Nación/OPI Santa Cruz)

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